La informalidad en México es un lastre económico que resta competitividad, pauperiza las condiciones laborales y afecta a las finanzas públicas. Es un problema estructural agravado por las medidas de contingencia sanitaria. Las recientes medidas, si bien voluntariosas, son insuficientes ante un problema que necesita visión de largo plazo.
A grandes rasgos, la economía informal se puede definir como el conjunto de actividades económicas que no están registradas ante las autoridades fiscales y, por tanto, no pagan impuestos, contribuciones patronales, de regímenes de seguridad social y tampoco otras prestaciones sociales. Un empleo informal se caracteriza por condiciones precarias, bajo salario, poca estabilidad y sin derechos.
Las estimaciones más recientes de Inegi apuntan a que en 2019 la informalidad representó 23% del producto interno bruto. Medido por el mercado laboral, en la última década la tendencia de la población ocupada en el sector informal es positiva y en aumento. Entre 2010 y 2021, ha permanecido un incremento paulatino y permanente del trabajo no formal, pasando de 12.93 a 15.8 millones de personas.
La informalidad laboral es para México un problema estructural debido a su constante tendencia al alza, así como por su naturaleza multifactorial y las consecuencias que genera tanto en la economía, en los trabajadores y en las finanzas públicas. Es por ello que las políticas públicas deben generar incentivos que orienten a la formalidad, por lo que recientemente se han promovido acciones en ese sentido.
El pasado jueves se presentó al Senado de la República la iniciativa de regular el esquema laboral entre trabajadores y trabajadoras de plataformas como Uber, Didi y otros servicios otorgados mediante de soportes digitales. Por otro lado, como parte de los esfuerzos plasmados en la miscelánea fiscal 2022 para combatir la evasión y elusión fiscal están el Régimen Simplificado de Confianza, una nueva versión de regímenes anteriores que han buscado incrementar la base tributaria para la recaudación de impuestos, y la iniciativa que fue aprobada el 20 de octubre por la Cámara de Diputados, respecto a que toda persona mayor de 18 años deberá contar con inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Las iniciativas recientes son ejemplo de acciones con objetivos distintos que no tienen como eje principal la reducción de la informalidad laboral. Todo lo anterior se encuadra en una serie de intenciones ambiciosas que se han planeado para poner en marcha desde los primeros meses de 2022, y que tienen como objetivo la expansión del padrón de contribuyentes, es decir, mayor nivel de recaudación de impuestos. Como causa y consecuencia del objetivo, la informalidad laboral toma relevancia, al ser un fenómeno socioeconómico que limita el avance del mercado de trabajo.
Si bien esta suma de esfuerzos es bien intencionada por modificar las principales variables macro del país, como el salario, el empleo, la inflación y, sobre todo, el producto, el combate tiene que replantearse desde los cimientos, pues los programas sociales, así como las reformas a las leyes, no van a representar amenaza para la informalidad en tanto no se planteen como un esquema conjunto para todos los frentes donde el mercado laboral informal ha cobrado fuerza.
También se hace necesario entender que con el desarrollo y el avance tecnológico surgen nuevas relaciones obrero-patronales reflejadas, entre otras modalidades, en plataformas aplicativas de transporte de personas, bienes o servicios, y que es exactamente en esos nuevos rubros donde surgen distorsiones en el mercado que se deben incluir rápidamente en el marco normativo laboral formal, para que colaboren con el problema estructural del mercado informal.
Finalmente, más allá de a los esfuerzos que el gobierno proponga por gravar a más población, si la lógica tuviera como enfoque principal desincentivar el empleo informal, generando mejores y más atractivas condiciones de empleo formal, colateralmente la base tributaria se incrementaría, matando dos pájaros de un tiro.
