En los últimos años la narrativa oficial sobre el mercado laboral ha tendido a presentarlo como una historia de superación. Las tasas de desempleo se han mantenido relativamente bajas, el salario mínimo ha superado el rezago en que estuvo por décadas, además de haber recuperado poder adquisitivo, se mejoraron las condiciones laborales y una población ocupada que continúa creciendo (1.06 millones más en 2025 según ENOE). Bajo esta perspectiva, México parecería haber logrado una combinación virtuosa entre recuperación salarial y estabilidad laboral; sin embargo, al observar no sólo a los trabajadores sino también a quienes generan los puestos de trabajo, emerge una realidad distinta y menos alentadora: la base empresarial formal muestra signos de debilitamiento, particularmente en su segmento más numeroso y vulnerable, el de las micro y pequeñas empresas.
Los registros administrativos del IMSS permiten advertir esta tendencia con claridad. A diciembre de 2025 se contabilizaron un millón 29 mil 280 patrones registrados, cifra que representa 25 mil 667 menos que en 2024, año que ya había cerrado con una reducción de 17 mil 911 patrones respecto de 2023. La caída se concentra en los empleadores con entre uno y cinco trabajadores afiliados, es decir, en la microempresa. Cabe destacar que a enero de 2026 ya van 5 mil 842 patrones menos.
Al mismo tiempo, las estadísticas laborales parecen mostrar un fenómeno opuesto. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo estima que a diciembre de 2025 había 3 millones 620 mil 185 personas ocupadas clasificadas como empleadores, lo que significó un aumento de 138 mil 734 respecto de 2024. A primera vista, la cifra sugeriría una mejora importante; no obstante, frente al incremento de 661 mil 440 empleadores registrado entre 2023 y 2024 el dato pierde solidez. Los nuevos “empleadores” no están creando empresas formales, sino insertándose en esquemas de autoempleo, subcontratación informal o micronegocios con más pinta de changarro.
Los resultados de los Censos Económicos del Inegi exponen esta condición. En 2023, 64.3% de las unidades económicas del país operaban en la informalidad, frente a 62.6% observado en 2018. El aumento de 1.7 puntos porcentuales no es menor si se considera el tamaño del universo empresarial mexicano. La informalidad creció principalmente en microempresas y en sectores clave como manufacturas, donde 71.6% de las unidades son informales, y comercio, con 65.1%. No se trata sólo de empleo informal, sino de una creciente y preocupante gestación de informalidad y precariedad de la estructura productiva. La ocupación informal que ronda 54.6% es evidencia plena.
El aumento sostenido del salario mínimo, la ampliación de derechos como las vacaciones y el fortalecimiento de la fiscalización han contribuido a elevar los ingresos de millones de trabajadores y a combatir prácticas abusivas. En teoría, estas medidas deberían incentivar la formalización al hacer más atractivo el empleo regulado y elevar el bienestar general.
Sin embargo, para un amplio segmento de Mipymes, estos cambios han significado un incremento acumulativo de costos que no siempre ha estado acompañado de ganancias equivalentes en productividad y rentabilidad. El alza del salario mínimo ha tenido un efecto de arrastre sobre toda la estructura salarial, presionando a negocios con márgenes reducidos. A ello se suman mayores obligaciones en prestaciones, cargas administrativas más complejas y una fiscalización tributaria más intensa. Para empresas de gran escala, estos ajustes forman parte del entorno regulatorio moderno; para unidades de subsistencia o baja capitalización, pueden representar una barrera difícil de sortear.
A este contexto debe añadirse un factor que ya es estructural: la inseguridad. Encuestas empresariales de Coparmex recientes señalan que 51% de los afiliados reportaron haber sido víctimas de algún delito en 2025, mientras que la extorsión afectó a 12.8%. La inseguridad actúa como un impuesto adicional, que no es deducible o trasladable directamente, que erosiona la rentabilidad y desincentiva la visibilidad formal de los negocios.
El entorno de bajo crecimiento económico también ha limitado la capacidad de adaptación empresarial. La inversión productiva ha mostrado cautela, en parte por la incertidumbre regulatoria y por la debilidad del estado de derecho.
Mirar la otra cara del mercado laboral implica reconocer que el bienestar del trabajador y la viabilidad del empleador no son objetivos contrapuestos, sino interdependientes. Sin empresas capaces de crecer, invertir y formalizarse, los avances laborales difícilmente serán sostenibles. El desafío hacia adelante no será sólo seguir elevando los ingresos, sino reconstruir un entorno donde emprender, contratar y permanecer en la formalidad vuelva a ser una decisión económicamente racional y no una apuesta de alto riesgo. La política pública debe llevar mano en este contexto.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.