Informalidad, un problema histórico urgente de resolver

Julio Alejandro Millán

Inegi reveló los resultados de la medición del sector informal en México, con datos para 2019, según esta información 23% del PIB nacional fue aportado por lo que se denomina como “economía informal”, lo que significó alrededor de 5.3 billones de pesos, a precios corrientes.

Conceptualmente, el mismo Inegi explica que la economía informal desde el punto de vista de la ocupación puede dividirse en dos; por un lado, aquellos negocios que no están registrados ante la autoridad tributaria y, por otro, los que implementan formas de trabajo que no permiten al trabajador acceder a seguridad social.

El comercio al por menor fue el subsector que concentró el mayor valor agregado en la economía informal, prácticamente una cuarta parte del total, seguido por la construcción, las industrias manufactureras y las actividades del sector primario.

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La economía informal implica, además de la evasión tributaria, el desarrollo de procesos productivos fuera de norma lo que genera un alto nivel de distorsión en la operación de las empresas. En lo que va de la década, según datos de Inegi, el promedio de personas empleadas por la economía informal se ubica entre 15 y 17 millones de personas, específicamente en 2019 esto significó 56% del total del empleo en el país. La informalidad es en sí misma una grave falla estructural, que es propia de las economías y sociedades menos avanzadas, tanto si se refiere a empresas como a empleos informales.

Una empresa que decide operar o emplear a través de la informalidad observa que los beneficios de incorporarse a regímenes legales y fiscales establecidos, son menores que los costos que enfrentaría, sin embargo, éste no es el único elemento de decisión, la sobrecarga regulatoria y tributaria son incentivos perversos que llevan a empresas incluso a evadir esquemas formales, simplemente porque son en muchos casos imposibles de cumplir. Más allá de los costosos pagos de impuestos, principalmente aquellos pequeños productores o prestadores de servicios no cuentan ni con el conocimiento y tampoco con la forma de hacerlo.

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Incluso, en muchas ocasiones, la producción informal es parte de la identidad de la comunidad, ya sea por su naturaleza artesanal o porque representa desde el punto de vista de políticas públicas, una oportunidad de impulsar la economía local. A lo anterior, inevitablemente deben incorporarse eventos como la complicidad y la corrupción de las autoridades encargadas.

La falta de Estado de derecho es el elemento que prevalece en este problema histórico y que ha impactado fuertemente en el crecimiento y el desarrollo económico, desde que implica menores ingresos públicos, deteriora el ambiente de negocios y afecta significativamente el crecimiento de la productividad y el empleo.

Uno de los aciertos de la presente administración ha sido la implementación de nuevas estrategias de fiscalización; sin embargo, desde la perspectiva de Consultores Internacionales, SC. lo verdaderamente importante es ampliar la base tributaria, generar los incentivos y mecanismos adecuados para que las empresas tributen y cumplan con la normatividad.

Más que nunca, fortalecer el Estado de derecho, emparejar el terreno para las empresas formales, propiciar el empleo formal mediante esquemas flexibles, se convierten en medidas anticíclicas urgentes en el camino a la recuperación, que dicho sea de paso, aún se ve distante.

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