Generar y atraer inversiones para acelerar la recuperación

Julio Alejandro Millán

El ambiente de negocios en México se ha deteriorado significativamente en los últimos dos años. Si de manera intuitiva es perceptible, también se constata con variables asociadas a la inversión.

La primera de ellas, el índice de inversión fija bruta, alcanzó su máximo en junio de 2018 y desde entonces ha disminuido constantemente y de manera acumulada en 16%. Por otra parte, la Inversión Extranjera Directa de enero a marzo de 2020 fue de 10.3 mil millones de dólares, el primer trimestre con menor captación desde 2013 y 3.7 mil millones de dólares menos que lo registrado en el mismo periodo de 2019.

A lo anterior, se agregan la disminución en el índice de confianza de IED que desplaza a México de los 25 más atractivos para la inversión y los comentarios de hace apenas unos días, emitidos por la Embajada de Estados Unidos en México, respecto a la advertencia a los inversionistas estadounidenses de las condiciones desalentadores para invertir en México, principalmente refiriéndose a la política económica y social observada.

Las declaraciones realizadas por la Embajada causaron polémica, incluso al punto de que se tuvo que replantear en redes sociales comentando que se refería a que “los inversionistas buscan la certidumbre, y que no hay nada peor que cambiar las reglas del juego”. Pero, más allá de la controversia que motivó titulares en prácticamente todos los periódicos de circulación nacional, parece un buen momento para hacer un acto de contrición y aceptar que, efectivamente, no hay condiciones adecuadas para la atracción de inversiones, y cuestionarnos como país, cuáles son las causas y las consecuencias de esta disminución.

En términos generales, los inversionistas buscan un ambiente adecuado, confianza, certidumbre, condiciones que permitan el retorno y la rentabilidad, elementos que hoy no están presentes. Hasta hace muy poco tiempo, la posición geográfica estratégica de México era suficiente para atraer inversiones; sin embargo, queda claro que eso ya no lo es. Estamos a un día de que el T-MEC entre en vigor, y aunque consideramos que esto generará inversiones, no será en automático: tardarán varios meses en gestarse, y dependerá en buena medida de la certeza que el país ofrezca a los inversionistas.

Hemos visto cómo desde febrero el riesgo país, medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes Global (EMBIG) de J.P. Morgan, tuvo un punto de inflexión pasando de una estabilidad que rondaba 300 puntos base durante varios años a tener máximos superiores a 700 puntos base en marzo y abril, y actualmente estar arriba de 500 puntos.

México no recibe inversión por varias razones: la falta de Estado de derecho, el aumento de crímenes y de violencia cada vez más perceptible, la seguridad jurídica que ha estado en tela de juicio, máxime cuando una consulta popular puede cancelar una inversión de millones de dólares.

Esto implica fuertes afectaciones para la economía nacional, porque imposibilita y aletarga aún más la recuperación, impide avanzar en la generación de empleos y en restituir las cadenas de valor de los diferentes sectores económicos. La semana pasada, Inegi publicó los resultados del IGAE en abril, en el que observamos la peor caída a tasa anual en la historia del indicador, desde 1994. Retomar la senda del crecimiento, buscar una recuperación más rápida, mitigar los riesgos económicos y sociales, generar empleos y mejorar los salarios es posible; una de las principales herramientas para ello es la inversión. Es imperativo que se vuelva a los principios básicos para la generación y la atracción de inversiones a México.

El país requiere que la formación bruta de capital fijo crezca por arriba de 5% al año, que la IED sea superior a 30 mil millones de dólares anuales y, para ello, es necesario que se generen las condiciones adecuadas: certidumbre, confianza.

Celebramos, por supuesto, que el enfoque principal de esta administración sea la atención a los grupos más vulnerables; sin embargo, consideramos también que el gobierno tiene la encomienda de ser un facilitador y promotor de la inversión pues, lejos de ser adversarios, los inversionistas implican la generación de recursos y mejores posibilidades para dar atención a personas en situación de pobreza.
 

*Presidente de Consultores Internacionales, S.C.

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