En los últimos siete años, México ha experimentado cambios relevantes en materia laboral. Entre ellos destacan la prohibición de la subcontratación, el aumento del impuesto sobre pensiones, la significativa ampliación del período vacacional, la obligación para las empresas de proporcionar sillas a los trabajadores que pasan largos períodos de pie, el avance de la propuesta para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales y, de manera central, los incrementos anuales al salario mínimo.
Este último punto ha sido uno de los cambios más notables. De acuerdo con la Conasami, los aumentos al salario mínimo han seguido la siguiente trayectoria: 5% para 2019 y 2020, 15% para 2021, 22% para 2022 y 2023, 20% para 2024, 12% para 2025 y recientemente se publicó que, para 2026, el aumento será de 13%, lo que se traduce en un monto de 315.04 pesos para el general. A primera vista, esta política parece beneficiar directamente a quienes reciben el salario mínimo al mejorar su capacidad para adquirir bienes y servicios. Sin embargo, el aumento reciente en los precios de productos esenciales, como alimentos y medicinas, ha limitado ese poder de compra. No obstante, es posible que esta decisión tenga efectos colaterales en la economía, especialmente entre las micro, pequeñas y medianas empresas, que, de acuerdo con el Inegi, representan el 99.8% de las unidades económicas del país. Esto abre la discusión sobre si el salario mínimo realmente ayuda a la economía del país o solo contribuye a su deterioro.
Para los trabajadores que actualmente perciben el salario mínimo, el incremento de este se traduce en una mejora automática de su ingreso; puede aliviar la presión económica que enfrentan las familias con menor poder adquisitivo y ofrecerles una mayor capacidad para enfrentar gastos cotidianos. De hecho, el aumento en el salario explica buena parte de la muy publicitada reducción de la pobreza. Sin embargo, estos incrementos no benefician a todos por igual. En primer lugar, únicamente los trabajadores formales que perciben el salario mínimo reciben directamente la mejora en sus ingresos.
En contraste, quienes suelen enfrentar los mayores desafíos son las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que en muchos casos operan con márgenes financieros muy estrechos, baja productividad y acceso limitado al crédito. Ante un aumento en los costos laborales (impuestos y contribuciones como el ISN y la Seguridad Social), estas empresas pueden verse obligadas a tomar decisiones difíciles: recortar personal, reducir horas de trabajo, disminuir sus niveles de producción según su giro económico, pasarse a la informalidad o, en el peor de los casos, cerrar definitivamente. Cabe señalar que, según el Censo Económico, 64.3% de las empresas son informales, si bien ocupan a 21.4% del personal.
De acuerdo con el Inegi, al tercer trimestre de este año, la informalidad representó 55.41% de la población ocupada, lo que equivale a 32.9 millones de personas. Igualmente reportó que, para el mismo período, el numero promedio de personas ocupadas (incluidas formales e informales) que perciben hasta un salario mínimo es de 18.9 millones. Con estos datos se puede inferir que el número promedio de personas ocupadas en un trabajo informal y que además ganan cuando mucho un salario mínimo, son alrededor de 10.3 millones. Esto implica que cerca de 8.33 millones de trabajadores pertenecen al sector formal y serían quienes realmente se beneficien del incremento salarial.
De acuerdo con el Estudio Demografía de los Negocios (EDN) 2023 del Inegi, entre mayo de 2019 y mayo de 2023 nacieron 1.7 millones de establecimientos y cerraron 1.4 millones. Al comparar estos datos con el EDN 2021, se observa un aumento en el número de negocios nacientes; sin embargo, la mortalidad empresarial sigue siendo elevada: en 2023, 28.65% de las Mipymes formales dejaron de operar, frente a 23.0% registrado en 2021. En contraste, entre las Mipymes informales la mortalidad fue de 30.50% en 2023, ligeramente menor a 32.41% reportado en 2021. Estas cifras muestran la tendencia que existe a la informalidad, tanto de empresas como de trabajadores.
Los incrementos al salario mínimo ocurren en un contexto marcado por las situaciones antes mencionadas y, además, un débil dinamismo económico. De acuerdo con el Inegi, el PIB creció apenas 0.12% durante los primeros nueve meses del año. A la par, el consumo —que constituye alrededor de 70% del PIB— ha mostrado un desempeño igualmente frágil: los indicadores de consumo privado registraron un avance de solo 0.1% entre enero y septiembre. Estos datos reflejan el complejo entorno económico que enfrenta México, donde la capacidad de crecimiento y de generación de empleo formal es limitada.
En conclusión, aunque el aumento del salario mínimo puede mejorar el ingreso de quienes lo perciben, su implementación en un contexto económico debilitado y con un tejido empresarial frágil puede generar efectos adversos más amplios. Sin políticas complementarias que fortalezcan la productividad, impulsen a las Mipymes y promuevan la formalización laboral, esta medida corre el riesgo de beneficiar a unos pocos mientras profundiza las presiones sobre la economía mexicana en su conjunto.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.