Afortunadamente, por no contar con los votos de los partidos aliados a Morena, fueron desechados los elementos más preocupantes de la reforma electoral impulsada desde el Gobierno Federal, como los cambios al sistema de legisladores de representación proporcional y los recortes drásticos al INE. Sin embargo, el denominado “Plan B” aprobado sigue siendo inoportuno y ventajista porque atenta contra el pacto federal, limitando la libertad en el ámbito local, además de ser en gran medida regresivo.
Su inconveniencia radica en que propicia la división política y distrae a la Nación de los enormes retos que enfrentamos en lo inmediato: violencia e inseguridad en varias zonas, caída de la inversión productiva, bajo crecimiento y los desafíos de un mundo convulsionado por cambios profundos.
Esas son las cuestiones en las que urgen los consensos y las sinergias. No es prioridad una consulta de revocación de mandato presidencial. No la están pidiendo ni la ciudadanía ni los partidos de oposición, que son quienes, en teoría, serían los interesados en un ejercicio así, el cual, por otro lado, podría generar inestabilidad, y si se hacía de forma concurrente a las elecciones federales intermedias, inequidad en la competencia electoral.
Afortunadamente, esto último, que era el cambio más polémico del “Plan B”, también fue descartado tras el debate en el Senado, eliminando la posibilidad de adelantar dicha consulta y de que coincidiera con los procesos electorales de 2027.
La reforma es regresiva, de entrada, porque rompe con la esencia de las reformas previas que dieron lugar a la transición a la democracia en México y a su desarrollo, basadas en los consensos o, al menos, en la participación de los distintos partidos. Algo esencial, pues los primeros que deben aceptar las reglas de la competencia para acceder al poder público son quienes compiten.
Como destaca Lorenzo Córdova, ex presidente del INE, en el libro “La democracia no se construyó en un día”, la transición mexicana fue distinta a otras que tuvieron un parteaguas, como la española y sus Pactos de la Moncloa: ha sido un proceso evolutivo, con ocho reformas, desde la de 1977 a la del 2014, con acuerdos políticos que les daban sentido y legitimidad.
La clave ha sido la inclusión, desde el reconocimiento al pluralismo. Eso es justo lo que ha faltado en esta ocasión: la exclusión ha sido la nota dominante, cuando nuestro sistema electoral viene de una “gran apuesta colectiva de varias generaciones de actores políticos y sociales”, siendo “una construcción común, no atribuible a una única fuerza política”.
Más que una reforma como este “Plan B”, lo que apremia para la salud de nuestra democracia es restablecer el diálogo entre el gobierno y las oposiciones, como lo hubo, en general, durante el camino a la democracia. Es oportuno recordar lo que señalaba Jesús Reyes Heroles, artífice de la reforma del 77, en favor de la apertura y la inclusión: “lo que resiste, apoya”.
Lo que más se criticó como ventajista a favor del partido en el poder fue que se pretendiera usar un mecanismo de revocación como instrumento de refrendo para apoyar a los candidatos del partido en el gobierno.
El otro punto más debatido de la iniciativa final, que sí fue aprobado, es que, en aras de hacer ahorros, se imponen candados a cómo se constituyen los ayuntamientos (pisos y topes en el número de regidores y síndicos), así como a los presupuestos de los congresos estatales. El problema es que estas cuestiones deberían ser decididas en cada municipio y estado. Uniformizar desde el centro vulnera la autonomía local que emana del pacto federal.
En cambio, no se tocan los desafíos más acuciantes de nuestra democracia, como la intervención creciente de la delincuencia organizada en los procesos electorales y en gobiernos locales.
Todos los sistemas son perfectibles, y el de las elecciones en México no es excepción. Bienvenida toda reforma que fortalezca a nuestra democracia. Esta, en general, no parece que pueda hacerlo, para empezar, por la forma en que se ha dado.
De ahí que no sea momento para realizarla si se piensa en el bien del país y en todos los mexicanos, toda vez que resulta a favor de los candidatos del partido en el poder. Eso agrede al resto de los ciudadanos que no están de acuerdo con su propuesta de Nación, que no es incluyente y polariza.
México necesita más diálogo y revalorar el principio y el poder del consenso como vía para la paz y el progreso. Recuperemos esa valiosa lección de la evolución de nuestra aún joven democracia. Eso sí urge. #OpiniónCoparmex Juan Pablo Castañón Castañón
Expresidente Nacional de COPARMEX