¿De qué se trata todo esto?
De que en México ya no haya desapariciones, ¿cierto?
Eso es lo que queremos todos, proscribir la desaparición, ¿sí?
No hemos tenido éxito como sociedad ni como Estado para lograrlo en un cuarto de siglo, así que debemos buscar respuestas fuera de lo común, alejadas de la zona de confort en la que yacemos inmovilizados luego de haber sucumbido a la normalización de la violencia que desde hace décadas nos impusieron el sicariato nacional y sus cómplices en la política.
Hoy en México no estamos viviendo estrategias represoras como las que se aplicaron durante los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, cuando ciertamente se diseñó una política de Estado para perseguir, capturar, encarcelar, desaparecer y asesinar a miembros de grupos opositores o disidentes. En ese entonces hubo órdenes concretas de civiles y militares que formaron parte de al menos tres distintos gobiernos federales (los de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo) para perpetrar esos crímenes, de acuerdo a las pesquisas que se realizaron en el sexenio pasado a través de la llamada “Comisión para Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de violaciones graves a derechos humanos de 1965 a 1990”, además del trabajo llevado a cabo por la “Comisión de la Verdad del estado de Guerrero”, más lo recabado en investigaciones periodísticas publicadas justamente desde los ochentas para acá.
Las ejecuciones extrajudiciales cometidas en la base militar de Pie de la Cuesta, en las afueras de Acapulco, Guerrero, y los posteriores “vuelos de la muerte” que habrían sido el destino final de al menos 1,500 opositores, cuyos cuerpos fueron lanzados al mar desde el aire, ilustran el macabro proceder que tuvieron personajes que formaban parte del Estado mexicano en esa época.
A pesar de que ahora no padecemos un abuso de poder semejante, sí se ha documentado en este siglo que miembros de distintos órdenes de gobierno, y que por tanto formaban parte del Estado mexicano, han sido cómplices de atrocidades que también podrían ser enmarcadas en el derecho internacional como “crímenes de lesa humanidad”. El caso más emblemático de ello es el de Ayotzinapa, donde policías de tres municipios participaron en la captura, desaparición y muerte de 44 estudiantes normalistas (no hay que olvidar a Julio César Mondragón, desollado la infausta noche de Iguala). Mientras eso sucedía, los militares destacamentados ahí sabían todo lo que pasaba minuto a minuto y, por decisión de sus mandos locales, no intervinieron para evitar la tragedia, lo que al menos representa un acto de negligencia.
Hoy tenemos en México las guerras narcas, las interminables guerras de los cárteles, de las distintas facciones del crimen organizado, que tienen como principal táctica bélica la infame desaparición forzada de rivales, o de gente que se resiste a sus acometidas, por ejemplo, personas que se rebelan ante el reclutamiento forzado que practican cotidianamente, o ciudadanos que no toleran sus extorsiones semanales, además de mujeres que se niegan a ser trofeos de guerra o esclavas sexuales.
Y aquí la pregunta es qué podemos hacer como sociedad, qué es factible acometer para darle un poco de paz a miles y miles de madres de desaparecidos, a miles y miles de familiares de esos ausentes.
¿Puede realmente el Estado mexicano impedir que haya desapariciones? No, la verdad, no. Hoy, no. No hay manera. No hay forma de que algún gobierno, ya sea federal o estatal, lo impida. Hasta hoy, ningún cártel se ha planteado cesar las desapariciones. Es, subrayo, su machista táctica de guerra para sembrar terror, que, además, al sicariato nacional le resulta muy rentable: este delito tiene, según dicen quiénes se ostentan como los más estudiosos del asunto, un 98% de impunidad.
Nada que hacer. Sin embargo, siendo muy pero muy crudos, quizá como sociedad sí podríamos lograr persuadir a los desaparecedores. La Iglesia católica tiene acceso a grupos criminales, algunos gobiernos municipales y estatales, también, y los servicios de inteligencia militar, igual. Podríamos agregar a un par de representantes de comerciantes y empresarios, una dupla de periodistas por cada entidad de la república, familiares de desaparecidos… y ni modo, ya sé no deberíamos negociar con delincuentes pero habría que sentarnos en 32 mesas para la paz con un solo objetivo inicial: que todos los cárteles ya no desaparezcan, que si se van a seguir matando, como lo seguirán haciendo para prevalecer en sus mercados criminales, por lo menos recuperen la pizca de piedad y humanidad que quizá todavía tengan en algún lado de su ser y se comprometan a entregar los cuerpos de inmediato, a avisar dónde están; a ya no desaparecer a nadie, pues.
Con eso, podrían suprimir el dolor permanente de las madres buscadoras que son como almas muertas en vida, seres errantes que deambulan cada día a la búsqueda de los restos de sus seres queridos.
Además, en el fondo les conviene: un día ellos podrían ser los desaparecidos y sus madres las buscadoras.
Intentemos acabar con las desapariciones. Luego ya veremos qué más se puede conseguir. Un objetivo de paz a la vez. Y si en esto puede ayudar un organismo internacional, sin alaridos por favor niño en Bucarest ni en Tlatelolco: aceptémoslo y que nos ayuden, pero ya.
Al fondo
En tiempos de estridencias como las que seguimos padeciendo desde Washington D.C., se va extrañar el trabajo discreto y eficiente de Juan Ramón de la Fuente, esa diplomacia que le permitió a la Presidenta actuar siempre con la cabeza fría a pesar de las constantes provocaciones del energúmeno que reside en la Casa Blanca y sus adláteres en Twitter, esos personajes que constantemente amenazaban con quitarles la visa a quienes osaran criticar las barbaridades de Donald Trump. jp.becerra.acosta.m@gmail.com
Twitter: @jpbecerraacosta