Ley General contra la Extorsión: un compromiso con la seguridad y el desarrollo
En un país donde la violencia y la inseguridad se han convertido en retos diarios, la extorsión emerge como uno de los delitos que más afecta a nuestra sociedad y a la economía. Cada llamada amenazante, cada mensaje intimidatorio y cada cobro de piso obligan a familias y empresas a destinar recursos que, en lugar de invertirse en el crecimiento, se pierden en un sistema de represión y temor. Es imperativo adoptar una Ley General contra la Extorsión que ofrezca respuestas contundentes y coordinadas ante este flagelo.
El delito, tal como lo define el artículo 390 del Código Penal Federal, obliga a alguien a actuar en contra de su voluntad para obtener un lucro indebido. Sin embargo, los grupos criminales han sofisticado sus métodos, imponiendo pagos regulares bajo la apariencia de “protección” e incluso infiltrando a funcionarios para evadir sanciones. Esta situación ha generado una cifra negra alarmante: el 96.7% de estos delitos no se denuncian, reflejando el temor paralizante de la ciudadanía y la fragilidad de nuestras instituciones.
La reciente reforma al artículo 19 constitucional, que incluye la extorsión entre los delitos con prisión preventiva oficiosa, ha suscitado serias dudas. Lejos de proteger a las víctimas, esta medida posibilita que los acusados aleguen inconvencionalidad y obtengan beneficios judiciales, debilitando la efectividad de la justicia y comprometiendo la presunción de inocencia. No podemos aceptar que, en lugar de combatir la impunidad, se fortalezca un sistema que deja a las víctimas desprotegidas y expuestas a nuevos riesgos.
Es por ello que, desde Coparmex, exigimos la reforma del inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a expedir una Ley General de Extorsión. Dicha ley debe homogeneizar las tipificaciones penales a nivel nacional, establecer penas proporcionales y promover una coordinación efectiva entre las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Solo así lograremos respuestas ágiles que restauren la confianza en nuestro Estado de Derecho y en la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad.
La extorsión no solo desvía recursos esenciales, sino que también deteriora el tejido social y frena el desarrollo de las MiPyMEs, motor vital de nuestra economía. Es necesario un enfoque integral que combine medidas preventivas, tecnología en vigilancia y una reforma legislativa que proteja los derechos de las víctimas sin sacrificar garantías fundamentales. La inversión en herramientas tecnológicas y en capacitación especializada para las autoridades podría marcar la diferencia, permitiendo una respuesta oportuna y eficaz ante cada caso.
Además, es crucial que la sociedad civil se involucre activamente en el seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser pilares en cualquier reforma que se proponga. Solo a través de la unión de esfuerzos entre gobierno, sector privado y ciudadanía se podrá contrarrestar el impacto devastador de la extorsión en nuestro país.
Nuestro compromiso debe ser claro: defender la seguridad y estabilidad de México mediante una justicia moderna, equitativa y eficaz. La adopción de una Ley General contra la Extorsión no es solo una necesidad, es una obligación ineludible para garantizar un futuro de seguridad, justicia y paz para todos. #OpiniónCoparmex
Presidente nacional de Coparmex.