Crónica de un fiasco anunciado

Juan Jesús Garza Onofre y Javier Martín Reyes

El presidente López Obrador, Morena y la Suprema Corte deben asumir su responsabilidad por este lamentable episodio más político que jurídico y más propagandístico que práctico

Los resultados de la consulta popular, en la que participó el 7% del electorado, admiten diversas interpretaciones. Aunque durante meses López Obrador y Morena repitieron, una y otra vez, que la consulta decidiría si se debe o no enjuiciar a los expresidentes por los crímenes que cometieron, una abrumadora mayoría de ciudadanos no cayó en la farsa del #JuicioAExpresidentes. Lo que sucedió las últimas semanas ha sido la crónica de un fiasco anunciado.

Conviene recordar cómo llegamos a este punto. El presidente López Obrador fue claro en su propuesta de consulta popular. Él quería que el pueblo decidiera si se investigaba o no a los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña por los delitos que cometieron antes, durante y después de sus mandatos. La Suprema Corte, sin embargo, le cerró la puerta a tal petición. Las once ministras y ministros coincidieron en que una consulta así sería inconstitucional pues violaría, entre otras cosas, los derechos a la justicia y la reparación de las víctimas.

No obstante, seis integrantes de la Corte, encabezados por el ministro Zaldívar, se negaron a dejar al presidente sin su consulta. Echando mano de una argumentación tan absurda como injustificada, la mayoría de un tribunal constitucional que no actuó como tal decidió “transformar” la materia de la consulta. De este proceso surgió la redacción de la cantinflesca pregunta que se imprimió en la boleta. La Corte no dijo mucho sobre qué debía entenderse por las “acciones pertinentes” ni por un “proceso de esclarecimiento”. Tampoco dijo mucho sobre qué “decisiones políticas” debían investigarse sobre cuáles “actores políticos”. Vaya, ni siquiera quedó claro qué debía entenderse por “años pasados”.

Lo que sí dejó en claro la Corte es que la última palabra no la tendría la ciudadanía, sino los órganos representativos y, especialmente, López Obrador. Si se alcanzaba el 40% de la votación entonces el presidente decidiría “los cursos de acción que considere convenientes”. El abanico de opciones discrecionales fue amplio. Si así lo deseaba, el titular del Ejecutivo podía optar por “mecanismos novedosos”, como comisiones de la verdad. Pero igualmente podía escoger otros mucho más tradicionales, como procedimientos de responsabilidad administrativa. La Suprema Corte revirtió, así, la lógica más elemental de cualquier instrumento de democracia directa: dejar la última palabra en la ciudadanía.

Después de dicha resolución, otros actores obstaculizaron el desarrollo de la consulta. La Cámara de Diputados, controlada por Morena, se negó a dar al INE un solo peso para organizar la consulta, olvidando (o queriendo olvidar) que no hay garantía efectiva de los derechos sin asignaciones presupuestales suficientes. Luego la Corte se sumó a este despropósito al resolver una controversia constitucional, en la que llegó al absurdo de decir que al INE se le asignaron más de 6 mil millones de pesos adicionales, pero pasando por alto que estos fueron recursos destinados a los partidos políticos y no al árbitro electoral.

También hubo, sin embargo, notas positivas. El INE fue capaz de organizar exitosamente la consulta popular. Pese a no contar con recursos específicos, gracias a la participación de vecinas y vecinos el árbitro instaló más de 57 mil mesas receptoras a lo largo del país y logró que más de la mitad de la ciudadanía pudiera votar en una casilla instalada dentro de su sección electoral, mientras que el resto pudo hacerlo en una sección cercana. Más de 93 millones de boletas fueron impresas y distribuidas puntualmente. El INE garantizó, así, que la ciudadanía estuviera en condiciones de decidir libremente su participación.

Asimismo, durante la discusión de la consulta popular diversos colectivos pusieron en el centro del debate a las víctimas y los pendientes del Estado mexicano. Por fortuna, en esta consulta popular no sólo se habló de la farsa del juicio a expresidentes, sino que también fue posible discutir sobre los posibles mecanismos para garantizar los cuatro pilares de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y no repetición.

A todo esto, ¿qué sigue después de la primera consulta popular a nivel federal? Al no alcanzarse el umbral de participación, y como ya lo anticipó el propio presidente en la conferencia matutina del día después, tal parece que se le dará vuelta a la página con este tema. Cuando López Obrador se limitó a afirmar que, independientemente de los resultados, las autoridades competentes tienen la obligación de abrir investigaciones si cuentan con las pruebas y elementos necesarios, queda claro que si en tres años el Ejecutivo ha fallado a las víctimas con su agenda, no hay motivo para creer que ahora tenga interés propio en impulsar alguna acción ordinaria o extraordinaria respecto a estos temas. Veremos, sin embargo, si el movimiento por los derechos de las víctimas es capaz de ganarle la partida a un presidente tan poderoso como obstinado.

En ese sentido, una vez que se declare la validez del proceso, quizá lo primero que habría que hacer es repensar la regulación de la consulta popular a nivel constitucional y legal para poder llevar a cabo más y mejores ejercicios de esta índole en el futuro. En momentos en que la actual administración suele operar y convencer primordialmente en el plano discursivo y político, no cabe la menor duda de que su menosprecio por el Derecho se cristaliza en el fallido intento de cambiar la realidad sin cambiar las reglas. El resultado de la consulta es un recordatorio más de que su anhelada transformación difícilmente ocurrirá si no se ejecuta correctamente también en el plano jurídico.

Dado el bochornoso papel de la Suprema Corte en este proceso, también resulta de crucial importancia vigilar y exigir que se eleven los estándares para el relevo que tendremos en diciembre de este año. Al terminar el encargo constitucional de Fernando Franco, estaremos ante el cuarto ministro nombrado durante esta administración, lo cual será posible gracias a la todavía no explicada renuncia de Eduardo Medina Mora, que entre otras cosas desequilibró el proceso de escalonamiento en la máxima instancia judicial del país. Este tipo de fiascos sólo se podrán evitar con nombramientos de personas con solvencia técnica y autonomía política, que se comporten como jueces constitucionales y no como correas de transmisión de los deseos presidenciales.

Ya va siendo la hora de que en las designaciones judiciales no prime la lógica de las cuotas y los cuates. Tomarse en serio estos procedimientos implica trascender las coyunturas y hacerse cargo de que, sin autonomía, la Corte difícilmente podrá desempeñarse adecuadamente como guardián último de la Constitución. La designación de ministras y ministros debe importarnos a todos porque, en resumidas cuentas, las decisiones de la Corte nos afectan a todos.

El presidente López Obrador, Morena y la Suprema Corte deben asumir su responsabilidad por este lamentable episodio más político que jurídico y más propagandístico que práctico. Y toca, finalmente, cerrar el paso a quienes pretenden culpar al árbitro electoral por el fracaso del juicio a expresidentes. Las lecciones políticas son varias, pero las jurídicas son todavía más necesarias.

Juan Jesús Garza Onofre y Javier Martín Reyes

Los autores son, respectivamente, investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la División de Estudios Jurídicos del CIDE

 

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