La propuesta de reforma eléctrica que presentó el presidente de la República ante el Congreso de la Unión, se debe analizar a la luz de qué le conviene más al país (en distintas dimensiones) y por qué.
Desde Greenpeace México compartimos algunos puntos de vista, para contribuir a un debate informado, serio, responsable, pues del resultado de esta reforma, dependerá mucho el rumbo que tome México en el futuro.
Nos parece positivo que se proponga devolver a la Nación la potestad sobre los recursos naturales, condición que se perdió tras la reforma energética de 2013, cuyos efectos indeseables señalamos en su momento.
Catalogar a la energía como un área estratégica es un acierto, porque esto podría significar que la electricidad, por ejemplo, se considere un derecho y no una mercancía. Sin embargo, esto vuelve aún más importante la forma en que se produce la energía, porque aún si se considerara como un derecho, no podría pasar por encima de otros como la salud o el medio ambiente sano.
La transición energética no puede esperar más y debe realizarse con pleno respeto a los derechos humanos y de manera justa. Consideramos que esta transición no acepta, de ninguna manera, falsas soluciones como combustibles fósiles “menos sucios” como parte de la energía limpia, tal como el gas o la energía nuclear.
Es imperativo dejar atrás de una vez por todas tecnologías altamente contaminantes, como el carbón y el combustóleo, cuyos efectos negativos al medio ambiente y a la salud humana, están ampliamente documentados.
Demandamos una transición energética que favorezca la descentralización y dote de autonomía energética a las comunidades. Es decir, que éstas sean capaces de generar la energía que consuman, sin depender de grandes empresas (estatales o privadas).
En la reforma se plantea que el Estado tenga en exclusiva la generación de la energía eléctrica, lo cual podría cancelar la posibilidad de que cualquier persona en su propia casa, genere la energía que consume, y tenga la posibilidad de celebrar un contrato de interconexión, lo cual se conoce como generación distribuida.
De ahí que se debe promover la democratización de la energía. Cuando hablamos de democratización nos referimos a proyectos de generación distribuida que ayudan a combatir el cambio climático y la enorme pobreza energética que más de 30% de los hogares del país está sufriendo.
Si el Estado (CFE) se convierte en generador/regulador –como se propone-- se abre la puerta al uso de tecnologías que por ahora no se despachan por sus altos costos en generación y daños ambientales y de salud pública, como es el caso del carbón y el combustóleo.
El uso de tecnologías caras, ineficientes y contaminantes para generar electricidad significará más tarde o más temprano un aumento en el precio de la luz, ya sea a través de las tarifas directas al consumidor, deuda o bien vía subsidios financiados con impuestos.
Nos preocupa que la polarización política derivada de esta reforma opaque la discusión climática sería y las acciones ambiciosas que deberían llevarse a cabo para descarbonizar al sector que más gases efecto invernadero emite actualmente en el país.
También preocupa el riesgo de cancelar cualquier posibilidad de que las comunidades, en su ámbito local y con soluciones igualmente comunitarias, desarrollen proyectos de generación con fuentes renovables como el sol o el viento, que han probado ser eficientes para disminuir la pobreza energética y se alinean con la acción climática que la emergencia exige.
Desde la reforma de 2013, Greenpeace señaló en numerosas ocasiones los abusos por parte de muchas empresas extranjeras en la creación de enormes parques de generación de energía que desplazaron comunidades o impusieron proyectos en detrimento de los derechos humanos, como también ocurrió con la CFE en muchas otras ocasiones también señaladas públicamente.
