El asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez es uno de los hechos más dolorosos de nuestra historia nacional. El traidor Victoriano Huerta junto con los porfiristas y apoyados por el gobierno de Estados Unidos, representados por el embajador Henry Lane Wilson, conspiraron para fraguar el golpe de Estado y asesinar al presidente y vicepresidente de México, como si esto no fuera suficiente se humilló, sobajó y asesinó a Gustavo Madero, quien había advertido a su hermano de la conspiración que se preparaba. Este episodio es una muestra de la tragedia que puede darse cuando EE. UU interviene.
Se pueden nombrar muchos otros momentos en que nuestra soberanía nacional ha estado en riesgo, donde se ha impuesto al bien común el interés de un grupo o persona vulnerando libertades y derechos obtenidos históricamente.
En los días que corren la discusión pública se ha centrado en los agentes de la CIA que participaron en un operativo sin que tuviera conocimiento el gobierno de México. No existieron los trámites legales correspondientes para esta participación y se llegó al colmó de uniformar a los extranjeros como personal de la Fiscalía de Chihuahua.
No se discute que se combata al crimen organizado ni que se desmantelen laboratorios, centrar el debate en ello es desviar la discusión. El tema de fondo es la injerencia, a través de gobiernos estatales y municipales, del gobierno de EE. UU. en tareas de seguridad nacional.
Muchas son las interrogantes que se abren: ¿Qué clase de acuerdo tiene el gobierno de Chihuahua con la CIA? ¿María Eugenia Campos tiene un acuerdo de impunidad con el gobierno de los EE. UU.? ¿El trasfondo no es el combate al crimen organizado sino la impunidad que desea tener la gobernadora después de dejar el poder para que no le suceda lo mismo que a César Duarte? ¿Cuántos gobiernos estatales o municipales colaboran con agencias extranjeras a escondidas del gobierno Federal?
La reacción respecto a la violación a la Constitución debe de tener consecuencias legales. No se puede entrampar el tema en el discurso política. Se debe de aplicar la ley con todas las implicaciones que ello conlleve. Ser omiso puede abrir la puerta a intentos de desestabilización al gobierno de Claudia Sheinbaum y se legitima la presencia de estos cogobiernos con EE. UU. violando la soberanía y creando una nueva forma de colonialismo.
Se tiene que dar un puntual seguimiento a las investigaciones que realice Fiscalía General de la República. Las pruebas que se aporten y los responsables. No basta con la renuncia del fiscal Jáuregui ni con la creación de la nada independiente unidad especial para investigar el caso.
La realidad jurídica es clara y se establece en el artículo 40 constitucional donde se establece: “El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación” y el párrafo tercero menciona: “Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano, en el marco de las leyes aplicables.”
Ante esta violación sistemática de la Constitución el artículo 76 en su fracción V habla de la facultad del Senado para desaparecer los poderes en los estados, su Ley Reglamentaria en el artículo 2 fracción I establece que una de las causas es el quebranto de los principios del régimen federal, lo que está sucediendo.
No es menor lo que acontece y ante la corrupción imperante que existe en los distintos poderes de Chihuahua no se debe de descartar la desaparición de los poderes como una acción certera en defensa de la soberanía nacional.
Hasta aquí Monstruos y Máscaras…
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