Cuando las niñas y adolescentes son obligadas a casarse, tienen condenado el resto de su vida a la violencia y a la exclusión.
El matrimonio forzado y venta de niñas y adolescentes en México es inadmisible y violatorio de todos sus derechos humanos e interés superior.
Quienes dicen que el matrimonio infantil forzado no es una regla, sino una excepción, se equivoca, porque de ser así, no habría historias como las de Angélica, una menor de Guerrero, que fue obligada a casarse a los 11 años, y que estuvo presa por negarse a que el papá de su esposo abusara sexualmente de ella.
En marzo de 2019, en el Senado avalamos, por unanimidad, prohibir en México el matrimonio infantil con la intención de evitar la violación de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
Save the Children en México destaca que 1 de cada 5 mujeres se casa antes de cumplir 18 años, y que el 73% de las niñas casadas dejan o son obligadas a abandonar sus estudios para dedicarse al hogar y que, de las niñas casadas, 49% sufren violencia física y 68% violencia sexual.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares 2016 (Endireh) del Inegi, señala que 947 mil mujeres han sido forzadas a casarse en algún punto de su vida. A 423 mil mujeres las obligaron a casarse porque se habían embarazado; a 339 mil las casaron en contra de su voluntad, y 185 mil fueron intercambiadas por dinero, bienes o propiedades.
Para abordar este tema conversamos con Quetzal Villanueva, de la organización Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM), quien nos comenta que el matrimonio forzado y la venta de niñas en algunas de las comunidades de Guerrero, se debe a la falta de alternativas para cubrir sus necesidades básicas, pues debido a la pobreza extrema en la que se encuentra ven a sus hijas como un producto mercantil que los ayude a poder vivir.
"No es tema de ahora, tiene muchos años. Tampoco sucede en todas las comunidades, pero sí, en donde hay una pobreza estructural de años. Estamos hablando de que para ellos es algo así, por ejemplo: "tengo una niña para salir un poco de la pobreza estructural y vamos hacer un intercambio", lo que lleva a problemas de género y de violencia, como la intrafamiliar", señala.
Quetzal nos dijo que para poder contrarrestar este suceso se deben garantizar los derechos fundamentales para las comunidades indígenas como el agua, alimentación, luz, educación, salud, a una vida digna, a fin de que la migración no sea la única alternativa para acabar con la venta de menores.
"Debe ser una apuesta de largo aliento donde estén involucrados los tres niveles de gobierno, donde haya capacitación a las autoridades con perspectiva de género para que las mujeres, niñas y adolescentes pueden ser atendidas cuando llegan a denunciar que son violentadas. De no atenderse de una vez, va continuar por el resto de generaciones", sostuvo.
Quetzal Villanueva agrega que es muy importante involucrar a las comunidades, dialogar con ellas, para que comprendan que las niñas y adolescentes sean vistas como sujetos de derechos, y no como un producto mercantil.
"No se pueden ignorar las realidades de las comunidades, como la pobreza, ya que la venta de niñas es vista como alternativa económica, se les debe dar otras opciones económicas que no violenten derechos. Es importante que se vaya a las comunidades a dialogar para explicarles que la venta de niñas no es la solución, y no piensen que su prohibición es solo un castigo por ser indígenas", detalla.
Quetzal advierte que, si la venta de niñas para matrimonio no se atiende de lleno y de largo tiempo, la historia de Angélica se repetirá por años y por generaciones.
"Se necesita un verdadero compromiso político de largo alcance. Es un tema grave que requiere mucha voluntad. Requiere que se garanticen los derechos básicos a las comunidades, alternativas que sean eficientes y no solo punitivas. La venta de niñas se va a terminar cuando se entienda las realidades de sus comunidades", advierte.
Como Estado mexicano debemos trabajar para cubrir las necesidades básicas de nuestras comunidades indígenas, para que la venta de niñas y adolescentes dejen de ser vista como alternativa económica. Nadie merece vivir en pobreza, pero tampoco ser violentada.
