Defendamos con todo al Instituto Nacional Electoral (INE), que hoy, representa quizá el último bastión para contener las tentaciones autoritarias. No puede haber titubeos, es indispensable que con la mayor convicción cerremos filas y sumemos esfuerzos para evitar un atentado contra la democracia.
Debe quedar muy claro que la tan anunciada reforma electoral no es para mejorar al INE, sino para destruirlo, y mucho menos, para fortalecer la democracia, sino para debilitarla y concentrar el poder.
No podemos regresar a los años setentas donde la concentración del poder estaba en manos de un solo individuo, partido o régimen. La lucha por un régimen democrático y plural ha costado vidas, su creación llevó a algunos y algunas a perder la vida.
El propósito de concentración de poder es cada vez más latente. La amenaza de regresar a un régimen centralista y autoritario nos debe llevar a unirnos en una causa, la defensa del INE, órgano electoral garante de la democracia y de la pluralidad.
El anuncio de una iniciativa de reforma electoral donde se propone que las y los consejeros electorales, así como los magistrados sean electos por el “pueblo” a través del voto directo, es una advertencia del insistente deseo de acabar con la democracia en nuestro país para pasar a un régimen centralista y autoritario.
La reforma que plantea el gobierno federal, de acuerdo a los dichos del presidente, es que cada uno de los tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) propongan a 10 mujeres y 10 hombres que vayan a una elección y, quienes obtengan la mayor votación ocupen la presidencia del INE o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Además de reducir al 50% el presupuesto del INE al igual que el financiamiento para partidos políticos; eliminar las diputaciones y senadurías plurinominales; así como analizar la desaparición de los organismos electorales de las entidades federativas (OPLES), para que sea el Instituto quien organice en su totalidad los procesos electorales federales y locales.
Independientemente de que habrá que conocer, por ejemplo, quien estaría a cargo de la organización del proceso de elección de consejeros y magistrados, o los criterios y procedimientos para que el gobierno, la SCJN y el Congreso definan sus respectivas propuestas, es claro que con su mayoría en ambas Cámaras y la influencia en cuando menos una parte de las y los ministros, el presidente incidiría en la selección de las candidaturas que después serían apoyadas por las estructuras gubernamentales y partidista, con lo que finalmente lograría su tan anhelada mayoría en el Consejo General del INE.
Con consejeros o consejeras electorales afines, y un limitado presupuesto para que puedan cumplir con sus atribuciones, -lo mismo aplicaría para el TEPJF-, los partidos de oposición estarían en gran desventaja ante la disparidad de recursos respecto al partido oficial que contaría con el apoyo gubernamental, la grave afectación a la pluralidad y a la representación de las minorías, sin plurinominales.
Con el 43% de la votación que obtuvo Morena en 2021 tendría el 62% de las curules en la Cámara de Diputados, lo que pondría en un serio riesgo a nuestro sistema democrático regresándonos a los tiempos del partido hegemónico.
La anunciada reforma electoral, los ataques constantes al INE y al Tribunal Electoral, sumado al impresionante despliegue de propaganda en el país para promover la revocación de mandato, recuerda mucho a una campaña presidencial a pesar de las restricciones constitucionales y de la ley en la materia.
Todo lo anterior debe ponernos en alerta, porque si así se está actuando ahora, cuando en realidad no hay nada en juego, ¿qué podemos esperar para la elección del 2024, cuando no cejan en su intento de debilitar y controlar al INE?
Yo, como muchos, defenderé al INE como seguramente lo hará todo el bloque de contención en el Senado, porque lo que está en juego son las libertades, la democracia y la responsabilidad de impedir que el populismo, los caprichos y el autoritarismo sigan destruyendo las instituciones.
