No es una novedad constatar que al gobierno no le gustan las voces disidentes. Quizá eso sucede con todos los gobiernos… les incomodan los dichos, las evidencias o los análisis que no coinciden con los suyos. Pero una cosa es ese enfado y otro más grave la persecución contra aquellos “que les hacen sombra”.
Desde el inicio de la gestión del expresidente López Obrador se suspendieron los subsidios gubernamentales a las organizaciones no gubernamentales. Se activó el típico resorte autoritario que piensa que las relaciones entre instituciones estatales y agrupaciones civiles es un juego de suma cero, es decir, que lo que gana uno lo pierde el otro. Por ello había que disminuir y si se podía, suprimir, a esas “molestas” asociaciones que tienen agendas y diagnósticos propios. No se entiende que una densa trama de organizaciones no gubernamentales, voluntarias, a través de las cuales participan miles de ciudadanos y colocan en el espacio público preocupaciones e iniciativas diversas, tiende a fortalecer los circuitos de deliberación democráticos y las siempre tensas y complicadas relaciones entre sociedad y gobierno.
O quizá si se entienda y por ello se intenta reducir la presencia de esas asociaciones que en muchos casos denuncian políticas y conductas inapropiadas de los gobiernos. Son, para los autoritarios, no un capital social sino un “estorbo” para sus pretensiones hegemónicas.
El 21 de marzo nos enteramos por EL UNIVERSAL que el SAT había cancelado a cien asociaciones la autorización para recibir recursos deducibles. Entre ellas se encontraban algunas tan serias como Mexicanos Primero, México Evalúa, Instituto Mexicano para la Competitividad o Mexicanos Unidos Contra la Corrupción. No se requiere demasiada sagacidad para observar que de lo que se trata es de cerrarle la llave de los recursos a esas organizaciones no gubernamentales para debilitarlas.
No fue casual que Amnistía Internacional señalara que en América Latina estaba creciendo la tendencia de “crear leyes anti-ONG”. En X se pudo leer: “¿Qué significa en la práctica? Menos recursos para defensa de derechos humanos, apoyo legal a víctimas, atención a violencia de género y protección de territorios indígenas... ¿queremos un país donde nadie vigile al poder? Porque cuando las ONG se debilitan, la corrupción y los abusos crecen” (María Cabadas. EL UNIVERSAL, 24 de marzo).
No es un episodio aislado. Si algo ha caracterizado los últimos siete años de gobierno es la pretensión de conformar y concentrar un poder que no encuentre contrapesos. La aniquilación de una Corte independiente para substituirla por otra alineada a los designios presidenciales, la escandalosa sobre representación de la coalición en torno a Morena en la Cámara de Diputados, la desaparición de distintos órganos autónomos de Estado para agrupar sus tareas en el Ejecutivo, son eslabones de un proyecto al que le gustaría que una sociedad compleja, diversificada y desigual, en la que palpitan distintos idearios, intereses e incluso sensibilidades, fuera alineada por un solo credo y un solo mando.
Parte sustantiva de la vitalidad de la sociedad se expresa a través de esas agrupaciones. Se trata de ciudadanos con variadas preocupaciones que realizan diagnósticos propios y proponen soluciones. Embarnecen el debate público e inyectan sentido al quehacer político en el más amplio sentido de la palabra. Por ello, atentar contra ellas no puede verse más que como uno más de los resortes autoritarios tan bien aceitados en los últimos años.