Para el año próximo el gobierno anunció una nueva reforma electoral. La presidenta nombró una comisión con solo miembros de su equipo de gobierno. Hay que recordar, porque hace falta, que las últimas reformas en la materia (1994, 1996, 2007 y 2014) fueron negociadas y elaboradas por el conjunto de los partidos políticos con asientos en el Poder Legislativo. Se trató y logró que fueran reformas de consenso porque se entendió que se trataba del marco normativo que debe modelar la competencia (y también la convivencia) de la diversidad política. No es un campo más, sino aquel que permite que, de inicio, la diversidad de opciones esté de acuerdo con las reglas del juego.
Ahora, lo peor que puede suceder es que con las mayorías artificiales que el oficialismo armó en las Cámaras del Congreso se aprueben modificaciones a la medida del gobierno y su coalición sin tomar en cuenta las necesidades y exigencias de las oposiciones. Recordemos una vez más que en el pasado fueron precisamente las oposiciones sucesivas las que fueron el acicate de modificaciones progresivas que permitieron la inclusión de fuerzas políticas a las que se mantenía marginadas del mundo electoral institucional, las que lucharon por autoridades (administrativas y jurisdiccionales) capaces de ofrecer garantías de imparcialidad y las que demandaron condiciones equitativas en la competencia, entre muchas otras. Y esas reformas de consenso honran a los gobiernos de entonces por haberlas aceptado.
Por supuesto, habrá que esperar la propuesta de reforma, pero si sigue los pasos de las presentadas por el expresidente López Obrador, será un eslabón más del proceso de autocratización que vive el país. Podría ser la cereza envenenada del pastel que se ha venido cocinando, luego de la desaparición del Poder Judicial para edificar uno alineado al oficialismo, de la destrucción de varios órganos autónomos del Estado para reconcentrar sus facultades en el Ejecutivo, de la super sobrerrepresentación de la coalición gobernante en la Cámara de Diputados, de la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, del incremento de las causales para aplicar la prisión preventiva oficiosa, y no le sigo.
Por lo menos habría que lograr reformas que convengan a todos, a la mayoría y las minorías, a la diversidad política que modela al país, al gobierno -si tuviera una visión de mediano plazo- y las oposiciones. Y ellas podrían ser las siguientes:
1. Que los votos se traduzcan de manera exacta en escaños en las Cámaras del Congreso; que cada partido y coalición tenga tantos representantes como adhesiones ciudadanas logradas en las urnas.
2. Reforzar los mecanismos de elección de consejeros y magistrados para que los mismos sean capaces de ofrecer garantías de imparcialidad, lo cual solo es posible si trabajan de manera autónoma.
3. La preservación de los sistemas electorales profesionales que han mostrado eficiencia en su labor, además de independencia en relación a las distintas fuerzas políticas.
4. La multiplicación de las condiciones para que los comicios se desarrollen de una manera equitativa, es decir, que los diferentes partidos y coaliciones tengan los recursos necesarios para que las contiendas sean auténticas.
5. La defensa del esquema federalista de organización electoral no solo porque dice la Constitución que somos una república federal, sino porque su centralización en un solo organismo multiplicaría de manera desproporcionada las tareas de ese instituto nacional.
Profesor de la UNAM