Como se sabe, la propuesta de reforma constitucional electoral presentada por la presidenta fue rechazada por la Cámara de Diputados. Cinco de los seis partidos que habitan la Cámara votaron en contra. Por primera vez Morena se quedó sola.
De inmediato la presidenta anunció un plan B. Una nueva propuesta de reforma constitucional. Lo sucedido no melló su empecinamiento. Bien pudo recuperar la historia reciente del país, en la cual se buscó que las transformaciones normativas en materia electoral fueran producto del acuerdo de las distintas fuerzas políticas o por lo menos abrir un paréntesis para escuchar preocupaciones e iniciativas de otros. Pero no. No está en su código político tomar en cuenta a los demás, dado que ellos y solo ellos representan al pueblo.
La necedad parece ser un rasgo distintivo de su gestión. Y ya sabemos que la terquedad suele ser impermeable a las necesidades e iniciativas de los diferentes e incluso de los aliados a los que se considera como súbditos. Existe una sola verdad y quien no la comparta no tiene nada que decir. El necio es sordo, no escucha razones. Si por lo menos no se pensara solo en los caprichos gubernamentales, ¿no debería estar entre las prioridades evitar que se repita la abismal distorsión de la representatividad que hoy se vive en la Cámara de Diputados?
Pero lo que sabemos de la nueva iniciativa no es solo necedad, es el retrato de una pulsión autoritaria. En una lámina presentada en la llamada mañanera se anuncia que se quiere “disminuir los privilegios que persisten en los congresos locales… que persisten en municipios y fortalecer la consulta popular”. Además, se anunció la posibilidad de llevar a consulta popular los asuntos electorales (hoy vedados) y el procedimiento de revocación de mandato al tercer año de la gestión.
Quite usted la palabra privilegios y quedará develada la intención de erosionar todo aquello que pone en pie un sistema democrático. En buen español lo que se intenta es reducir el presupuesto de municipios, congresos locales, congreso federal y si se puede el de los partidos. Un ahorro muy menor, pero que servirá para robustecer —aún más— la presencia y centralidad del Ejecutivo en relación con el resto de los poderes constitucionales. Se trata de que todas aquellas instituciones que en una auténtica República son contrapesos al poder presidencial, sean debilitadas. Desde el centro incluso se cercenan facultades de los congresos locales. Pero eso sí, se informa que la iniciativa será diseñada para no afectar los intereses inmediatos de los aliados de Morena, de tal suerte que se cuente con los votos suficientes para hacerla prosperar; no importa que los poderes —diversos— de la República sean afectados.
Trasladar el expediente de revocación de mandato al año tres de la gestión no puede esconder la intención de introducir en la contienda electoral a la presidenta de la República. Y es probable que el propósito de llevar a consulta popular el financiamiento de los partidos o la anulación de los plurinominales se tope con el rechazo del PT y el PVEM. Ese tipo de “consultas” son un viejo truco autoritario con el disfraz de un supuesto clamor popular. Primero se desatan campañas contra el financiamiento a los partidos o la existencia de plurinominales y luego se les pregunta a las personas si desean que se les borre del escenario. Por necesidad de la aritmética congresual la ambición de la presidenta se va adelgazando (en buena hora), pero su tufo antidemocrático no desaparece.
Profesor de la UNAM