No creo que esa conseja popular deba ser explicada. Aunque al conocer las láminas que presentó el gobierno como adelanto de la propuesta de reforma electoral debe ser recordada. Ahí se asienta que habrá un “decremento del 25% en el costo de las elecciones: INE, partidos políticos, OPLES y tribunales electorales”. Se omite la explicación de cómo se logrará ese decremento. Lo cual por supuesto ha generado especulaciones de todo tipo. No solo se trata de una propuesta generada desde el gobierno sin el concurso de alguna otra fuerza política (recordemos que las cuatro últimas reformas electorales fueron construidas con el consenso de los diversos grupos parlamentarios), no solo parte de una premisa falsa (que el nuestro es el sistema electoral más costoso del mundo), sino que el razonamiento está de cabeza.
¿No sería necesario analizar todos y cada uno de los eslabones que componen el proceso electoral para señalar en qué áreas se aplicarán los anunciados ahorros? ¿qué dependencias, órganos, programas, personas van a ser borradas? ¿cómo afectará a los servicios civiles de carrera, columnas vertebrales de los institutos en la materia, que portan el conocimiento del quehacer electoral y que tanto ha costado formar?
Por lo pronto se anuncia la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con lo que la noche misma de las elecciones no tendremos la posibilidad de contar con la información desagregada (casilla por casilla) de los resultados. Y claro, apoyándose en la mala fama de los partidos, se anuncia la reducción del financiamiento público a esas criaturas. No faltarán los aplausos a esa medida, pero de lo que se trata es de debilitar a los partidos, mientras que quienes se encuentran en el gobierno pueden hacer transferencias hacia sus candidatos, aunque eso esté prohibido por la ley.
Erosionar el sistema electoral que ha permitido la competencia civilizada entre la diversidad política ha costado no solo dinero, sino esfuerzos de gobiernos y partidos y de centenas de funcionarios electorales, y algo muy importante, ha sido fruto de la negociación y aval de las reglas por el conjunto de los partidos políticos con asientos en el Congreso. Atentar contra esas reglas de manera unilateral, sin diagnósticos socializados y acuerdos entre los actores, no puede anunciar nada bueno. Lo dicho: lo barato puede salir caro.
P.D. Las pocas cosas que sabemos con precisión tampoco alimentan el optimismo. Ahora se pretende que el Senado de la República se integre solo con 96 legisladores. Dos serían para la mayoría en cada entidad y uno para la primera minoría, porque se suprime la lista de representación proporcional. Cierto, esa lista era un “pegote” que distorsiona la idea original del Senado, en la cual cada estado debe tener el mismo número de representantes independientemente de su población o extensión. Pero tuvo y tiene una función que es necesario valorar y que es la inyección de una mayor pluralidad a la llamada Cámara Alta. De tal suerte que bien podrían elegirse 4 senadores por entidad y repartirlos con el criterio de representación proporcional. De igual manera las listas plurinominales abiertas en la que cada elector elegiría, si se aprueba la iniciativa, a dos diputados (un hombre y una mujer), solo multiplicará los conflictos internos en los partidos.
(Como es fácil observar esta es una nota escrita antes de conocer la iniciativa presidencial).
Profesor de la UNAM