Ante el embate gubernamental contra lo construido en el terreno electoral vale la pena recordar. En 1986 y 1996 hubo reformas electorales. Se cumplen 35 y 25 años. Y una comparación a vuelo de pájaro quizá sirva no solo para observar las transformaciones graduales que fueron marcando el ritmo de nuestro tránsito democratizador, sino la profundidad de los cambios que produjo la de 96.

En 1986 se refrendó que sería la Comisión Federal Electoral la encargada de organizar las elecciones. Presidida por el secretario de Gobernación, los representantes de los partidos tendrían una presencia proporcional a la de sus votos. Por ello, el PRI tuvo en 1988 más votos en la CFE que el conjunto del resto de los representantes. Juez y parte.

En 1996 se resolvió que en el Consejo General del IFE los únicos con voz y voto serían los 8 consejeros electorales y el consejero presidente que debían ser nombrados por la Cámara de Diputados con por lo menos las dos terceras partes de los votos (y dado que ningún partido tenía ese número eran necesarios los acuerdos entre las bancadas). El gobierno dejó de participar en la organización de las elecciones. Los representantes de las Cámaras y los partidos, en igualdad, solo tendrían voz, no voto.

En 1986 se estableció que los presidentes y secretarios de los comités locales y distritales serían nombrados por el secretario de Gobernación; y que los presidentes de los comités distritales nombrarían a los presidentes y secretarios de las mesas directivas de casilla. Por ello cuando se decía que la trama de funcionarios electorales se tejía desde Gobernación no se estaba exagerando.

Para 1996, el Consejo General del IFE sería el que nombraría a los consejeros presidentes y electorales de los consejos locales. Y los consejos locales a su vez nombrarían a los consejeros de los consejos distritales. Y los ciudadanos que integrarían las mesas directivas de casillas saldrían de dos sorteos y un proceso de capacitación.

En 1986 se creó la Asamblea de Representantes del D.F. En 1996 se decidió que el jefe de Gobierno y los delegados serían electos.

En 1986 se creó el primer tribunal electoral. Solo que la última palabra en la calificación de las elecciones la seguían teniendo los Colegios Electorales compuestos por los presuntos legisladores. En 1996 un nuevo Tribunal se integró al Poder Judicial y se convirtió en la máxima autoridad en la materia. Sus resoluciones serían definitivas e inatacables.

En 1986 la Cámara pasó de tener 400 diputados a 500. 200 serían plurinominales. La fórmula de reparto de éstos últimos corregía los efectos de sobre y sub representación que arroja la vía uninominal. No obstante, se introdujo una llamada cláusula de gobernabilidad que convertía, por mandato de ley, a una eventual mayoría relativa de votos en una mayoría absoluta de escaños. En 1996 se diseñó la fórmula que ha regido hasta hoy que permite que un partido se beneficie hasta con un 8% más de asientos en relación a sus votos.

Según la reforma de 1986 el Senado se integraría por dos senadores por entidad, electos de manera escalonada cada 3 años y durarían en su encargo 6. En 1996 se estableció que se elegirían tres por entidad: dos para la mayoría y uno para la primera minoría y 32 de listas nacionales presentadas por los partidos, repartidos con el criterio de representación proporcional.

Dada la amnesia de algunos, parece necesario recuperar la memoria.

Profesor de la UNAM.