Hace años, leyendo a Leszek Kolakowski, me enteré que “avanzando hacia atrás” era la fórmula utilizada por los choferes en Polonia para que los pasajeros dejaran espacio a quienes estaban ingresando. Y si mal no recuerdo, el filósofo decía, no sin un dejo de ironía, que esa exhortación bien podría ser el lema de algún proyecto político.
Recordé ese pasaje ahora que leí la iniciativa presidencial que pretende desaparecer diversos órganos constitucionales autónomos. Invocando la austeridad, la supuesta existencia de una burocracia dorada y por supuesto repitiendo el mantra de que fueron creadas en la época neoliberal, de lo que se trata es de desaparecer distintas comisiones e institutos autónomos para regresar atribuciones al Ejecutivo.
Así, las obligaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) pasarían a la Secretaría de Economía, las del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, las del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) a la Secretaría de la Función Pública, las de las comisiones Reguladora de Energía (CRE) y Nacional de Hidrocarburos (CNH) a la Secretaría de Energía, las del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación a la SEP y las del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al Inegi.
No se requiere ser demasiado sagaz para observar que se trata de una reconcentración de facultades en el Poder Ejecutivo. El presidente cree que él, sus sucesores y sus subordinados pueden hacer mejor y más barato las tareas que tienen encomendadas esas instituciones. Su propuesta no refuta los supuestos que les dieron origen, no analiza su funcionamiento ni sus logros o taras. Se trata de una iniciativa para engrosar las facultades del Ejecutivo a costa de organismos que precisamente fueron creados para moderar las amplias funciones del presidente o para cumplir con tareas que no podía cumplir cabalmente.
Solo dos ejemplos: El acceso a la información pública fue uno de los avances más significativos al inicio del siglo. Hasta antes de esa reforma la información pública se manejaba como si fuera privada, exclusiva para los funcionarios del ramo. Con la reforma y la creación del entonces IFAI se estableció que cualquier ciudadano tenía derecho a acceder a dicha información (por supuesto la hay reservada por su propia naturaleza). No había siquiera que fundar y motivar la solicitud. ¿Pero qué sucede si la dependencia en cuestión se niega a proporcionarla? El INAI está precisamente ahí para acompañar a los solicitantes ante la negativa de alguna autoridad. ¿Es correcto entonces que una dependencia del Ejecutivo, según la propuesta presidencial, la Secretaría de la Función Pública substituya al INAI? ¿Podrá hacerlo con plena independencia tratándose de una secretaría del Ejecutivo?
En el caso del Coneval, se trata del Consejo que ha acreditado un funcionamiento ejemplar. Los resultados de sus mediciones son la base medular de la discusión sobre la evolución de la pobreza en nuestro país. Funcionarios gubernamentales e integrantes de la oposición, miembros de los distintos partidos y organizaciones sociales, académicos y periodistas se nutren de ellos y permiten un debate que cuenta con un piso firme. ¿Qué razón existe para suprimirlo? ¿Por qué alterar lo que funciona?
¿Avanzar hacia atrás? ¿De nuevo una presidencia omnipotente? ¿Conviene?