Las baterías presidenciales están resueltamente dirigidas a reformar la reforma energética apenas aprobada en el sexenio anterior, la cual facultó a empresas privadas a participar en la generación de electricidad. La actual iniciativa propone dar preferencia a la CFE otorgándole 54% de la participación de mercado, modificando los artículos 25, 27 y 28 constitucionales con la finalidad de desaparecer la figura de empresas productivas del Estado y devolver a la CFE el control de toda la cadena del mercado eléctrico, eliminando contratos vigentes de generación eléctrica concedidos y de compra venta de electricidad con el sector privado -el cual, por cierto, no paga por la transmisión de la energía eléctrica que produce- proponiendo la desaparición de los órganos de regulación, además de buscar suspender las nuevas concesiones a privados para la explotación y producción de litio, mineral estratégico para la fabricación de baterías de celulares y autos eléctricos. Se pretende garantizar el suministro eléctrico a los consumidores finales con tarifas justas, recuperando a la vez el control gubernamental sobre la generación de electricidad, evitando que las grandes empresas sean subsidiadas.
A partir de la entrada en vigor de la reforma energética de 2013 se firmaron contratos con la iniciativa privada a fin de avanzar en la generación de energías limpias, sustituyendo los combustibles fósiles, reduciendo costos de producción buscando ser más eficientes y más competitivos. La contrarreforma eléctrica afectaría los contratos firmados bajo otras condiciones, otra regulación, otra normativa, ¿sería legal modificarlos o cancelarlos? ¿es posible aplicar la ley retroactivamente?
Carlos Salazar en representación del Consejo Coordinador Empresarial advirtió que la inversión privada y extranjera en el sector eléctrico asciende a 44 mil millones de dólares, inversión que se vería perjudicada ante cualquier cambio en las reglas del juego pactadas, provocando onerosas controversias judiciales. Se violaría el T-MEC en los artículos 14.6 que habla sobre el nivel mínimo de trato y 14.8 sobre expropiaciones y compensaciones. Los constantes vaivenes en la política pública vulneran el estado de derecho, desincentivan la confianza de la inversión privada y alertan a las calificadoras internacionales.
El presidente López Obrador ha enfatizado que la contrarreforma eléctrica no significa nacionalizar ni estatizar, se trata de mantener un equilibrio para que la CFE pueda salir adelante sin tener que subcontratar a las compañías por el servicio. Previno que no nos pase lo que a España donde el costo de la electricidad ha estado subiendo notoriamente, acusando de paso a Iberdrola por repartir mucho dinero y orquestar una campaña en contra de la aludida reforma eléctrica que limitaría la participación de empresas privadas al 46% del mercado de generación, campaña para asustar, para espantar, “mienten como respiran”. AMLO sostuvo que el PRI –fil de la balanza en la votación camaral- tiene una oportunidad histórica para definirse: ¿Va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino de Lázaro Cárdenas y de Adolfo López Mateos, grandes presidentes de México?
La alianza opositora PRI, PAN, PRD corre riesgo de fractura. Si el PRI se deja convencer por AMLO, adicionalmente Morena se consagraría sin sombra como “el partidazo”. Por lo pronto el PAN emplazó al PRI a definirse ya. El tricolor responde ¿Cuál es la prisa?
La prisa es México.
