Cada año, acercándose el 15 de mayo, Día del Maestro, con puntualidad casi religiosa aparece la CNTE. No en las aulas, no frente a grupo, no enseñando, aparece en las calles, en el Zócalo, en las carreteras, aparece convertido en un mecanismo de presión que ya aprendió que en México la extorsión organizada tiene recompensa.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación surgió como disidencia de un sindicato —SNTE— ya de por sí poderoso, que al paso del tiempo perfeccionó un método más eficaz: el chantaje. Plantones, bloqueos, toma de casetas, suspensión de clases. Y al final la misma escena, el gobierno cede, negocia, entrega. La CNTE se retira con concesiones bajo el brazo y deja atrás ciudades paralizadas, niños sin clase y una autoridad debilitada.
Conviene recordar que hubo un momento en que ese ciclo se rompió, la reforma educativa impulsada por Peña Nieto en 2013 no era perfecta, pero tocó un nervio esencial, el control clientelar del sistema educativo. Entonces se consideró prioritario recuperar la rectoría del Estado en la educación, lo cual implicaba quitar a grupos, como la CNTE, la capacidad de decidir plazas, evaluaciones y destinos magisteriales. En ese mismo sentido, se avanzó en desmontar estructuras capturadas por intereses sindicales, incluyendo la abolición de institutos de educación estatales que operaban bajo su influencia directa, para devolver su conducción al Estado. Por breve período, esa lógica prevaleció, se establecieron reglas, se intentó profesionalizar el ingreso y la permanencia. La CNTE resistió, sí, pero también tuvo que replegarse, perdió margen de maniobra, perdió poder.
Ese intento fue revertido, el gobierno de López Obrador desmontó la reforma y devolvió a los grupos disidentes buena parte de lo que se les había retirado, incluida la recuperación de acotados espacios de control administrativo. En nombre de la reconciliación, se reinstaló el viejo esquema: negociación política por encima del interés educativo. Resultado: la CNTE volvió, más fuerte, más exigente, más consciente de que su método funciona. Hoy no sólo piden mejoras laborales —que serían legítimas en cualquier sindicato—, sino la cancelación de cualquier mecanismo que limite su control, queriendo recuperar sin matices, el terreno perdido, dejando sin clases a miles de niños, particularmente en Estados donde la educación ya arrastra rezagos históricos. ¿Qué tipo de magisterio se está premiando? Porque no son los maestros que cumplen, los que todos los días están frente a grupos en condiciones difíciles quienes reciben el respaldo, sino aquellos que abandonan el aula para presionar en la calle.
Cada plantón en el Zócalo tiene un costo, no sólo económico —que también lo tiene—, sino moral e institucional. Se normaliza la idea de que la ley es negociable, de que la educación puede ponerse en pausa, de que el Estado claudica frente al grupo mejor organizado para presionar. Ahora, la amenaza ha escalado, dirigentes de la CNTE han insinuado abiertamente la posibilidad de boicotear el próximo Mundial de fútbol, como medida de presión para obligar al gobierno a ceder a sus demandas. El chantaje cruza una línea peligrosa. México no puede seguir pagando la elevada colegiatura anual para mantener en sosiego a la CNTE, el sindicato disidente que ha hecho del conflicto su razón de ser.
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