Hay vergüenzas que se esconden, hay vergüenzas que se cargan y hay vergüenzas que se toleran. La UNAM tolera una desde hace más de un cuarto de siglo, el auditorio Justo Sierra -rebautizado Che Guevara- permanece fuera de su control. No es un conflicto latente, es una rendición prolongada.
Desde el año 2000, tras la huelga del CGH, ese espacio dejó de ser universitario en los hechos. Lo que debía ser un recinto académico se convirtió en territorio autónomo, ocupado por grupos que nadie eligió, que no rinden cuentas y que han hecho de la apropiación una forma de permanencia. Han pasado rectores, generaciones completas de estudiantes y distintos gobiernos. El resultado es el mismo, la UNAM no manda ahí. El término “okupa” ha servido para suavizar una realidad incómoda, porque detrás de esa realidad conviven prácticas que distan de la vida universitaria: control de accesos, actividades cerradas, uso discrecional del espacio y una lógica de exclusión que contradice el espíritu abierto de la universidad pública. No es un foro libre, es un espacio capturado.
Durante años el problema se administró con silencio, se normalizó, se volvió parte del paisaje. ¿Quién lo habita? ¿De qué viven? ¿Quién decide lo que ocurre dentro? Son preguntas que flotan sin respuesta oficial. Y lo más grave, sin voluntad real de responderlas. Las autoridades han optado por una estrategia que raya en la claudicación: El rector Leonardo Lomelí ha llamado a no asistir a actividades en el auditorio para no “legitimar” su ocupación. En los hechos, es pedirle a la comunidad que se haga a un lado, que se haga guaje, mientras el problema permanece intacto. Exhortos, prudencia, distancia, pero ninguna acción efectiva. El cálculo es evidente, el costo político de recuperar el espacio parece mayor que el costo de perderlo.
Esa lógica ha tenido consecuencias, la UNAM, símbolo de autonomía, ha terminado tolerando una anomalía permanente dentro de su propio campus. La autonomía universitaria, concebida como defensa frente al poder externo, se ha distorsionado en permisividad interna. No se trata de reprimir, sino de gobernar, y hoy, en ese punto específico de Ciudad Universitaria, la universidad no gobierna. El auditorio Ché Guevara es más que un edificio tomado, es un síntoma que refleja la incapacidad institucional para imponer reglas básicas, incluso dentro de su territorio, además de revelar una incómoda contradicción: la universidad más importante del país no puede garantizar el uso de sus propios espacios.
La pregunta ya no es quién lo tomó, tampoco desde cuándo, la pregunta es por qué nadie, en más de 25 años, ha querido o ha podido recuperarlo. Porque a estas alturas ya no es un problema de ocupación, sino de poder. El auditorio no sigue tomado por la fuerza de quienes lo ocupan, sino por la debilidad -o la conveniencia– de quienes deberían ejercer la autoridad. Y ahí está el verdadero escándalo, la UNAM no ha sido despojada, lo ha cedido. Rectoría tras rectoría, bajo la coartada de evitar conflictos, se ha normalizado la claudicación. La impunidad tolerada se convierte en norma y si una universidad no puede gobernarse a sí misma, la pregunta final es inevitable: ¿qué está formando realmente?
Analista
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