En 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, México emprendió una reforma educativa que, con todos sus defectos, tenía un eje claro: recuperar la rectoría del Estado sobre la educación y colocar en el centro el mérito, la evaluación y la calidad docente. Se estableció un sistema de evaluación obligatoria, se creó el Servicio Profesional Docente y se intentó romper, al menos parcialmente, el control corporativo que durante décadas ejercieron las cúpulas sindicales. No era una reforma perfecta, pero era una reforma estructural.
Andrés Manuel López Obrador convirtió la derogación de la por él denominada “mal llamada reforma educativa”, en bandera política, presentándola como un agravio contra el magisterio. En 2019 la desmontó pieza por pieza. Desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación —INEE—, eliminó la evaluación punitiva —como él la calificaba— y devolvió poder político a los grupos sindicales. A cambio prometió un nuevo paradigma: la llamada Nueva Escuela Mexicana.
Esta Nueva Escuela en el discurso oficial es un modelo “humanista”, “comunitario” y “crítico”. En los documentos de la SEP se habla de formar ciudadanos solidarios, con conciencia social y arraigo cultural. En el papel suena bien, el problema comienza cuando uno revisa el contenido concreto de planes y programas, y sobre todo, los nuevos libros de texto gratuitos. Ahí aparece el verdadero giro ideológico.
Bajo la dirección de Marx Arriaga, los libros fueron rediseñados con una narrativa abiertamente política. Se diluyeron materias tradicionales, se sustituyó el enfoque por asignaturas por “campos formativos”, se eliminaron grados de exigencia académica claros y se incorporaron contenidos que privilegian la “conciencia social” sobre el conocimiento verificable. Matemáticas y ciencias quedaron fragmentadas; historia y civismo adquirieron un tono militante. Más que fortalecer capacidades técnicas y científicas, se optó por un enfoque que parece inspirado en una pedagogía de corte ideológico. Se habla más de lucha de clases que de competencia global, más de comunidad que de excelencia, más de narrativa política que de pensamiento crítico riguroso.
Lo grave no es sólo el sesgo, es la pérdida de estándares. Mientras países que admiramos refuerzan evaluación, aprendizaje medible y habilidades STEM, México desmontó su sistema de evaluación, apostando por un modelo cuyo éxito no puede medirse con claridad. El resultado empieza a notarse en pruebas internacionales y en la incertidumbre de padres de familia que no saben con precisión qué están aprendiendo sus hijos. Y en medio de este rediseño, el personaje central de los libros —Marx Arriaga— hoy se enfrenta a resistencias, incluso dentro de su propio movimiento. Sectores de Morena lo consideran un pasivo político, pero removerlo no fue sencillo. ¿Por qué? ¿A quién incomodaba su salida? ¿Qué compromisos ideológicos o administrativos lo sostenían?
La educación mexicana se convirtió en laboratorio político. La reforma de 2014 intentó profesionalizar, la contrarreforma de 2019 politizó. Entre una y otra, los alumnos quedaron en medio del péndulo ideológico. La pregunta de fondo no es si la reforma de Peña era perfecta o si la Nueva Escuela Mexicana suena incluyente. La pregunta es más simple y más dura: ¿Están aprendiendo más nuestros niños hoy que hace diez años? Si la respuesta es no, entonces no estamos ante una transformación educativa, estamos ante un experimento cuyo costo pagarán generaciones enteras.