Hay una constante que atraviesa el discurso de la llamada Cuarta Transformación, la invocación permanente del pueblo como origen, justificación y destino de todas las decisiones. No es una figura retórica menor, es el eje sobre el cual se constituye la legitimidad del poder. Primero fue Andrés Manuel López Obrador quien convirtió esa narrativa en dogma político; hoy, Claudia Sheinbaum la continúa y la perfecciona. El pueblo además de mandar, ahora también explica.
El llamado “Plan B” no debe entenderse como un simple recurso alternativo frente a obstáculos legislativos o judiciales. Es, en realidad, una estrategia política más profunda, diseñada para mantener viva la movilización, tensar la relación con las instituciones y, sobre todo, reforzar la idea de que cualquier oposición no es contra el gobierno, sino contra el pueblo mismo. Esa es la trampa, quien disiente, traiciona. En este contexto, la narrativa se vuelve circular y perfecta, el pueblo elige, el gobierno interpreta y cualquier decisión se ejecuta en su nombre. Pero en esa ecuación hay una ausencia inquietante, los contrapesos. El Plan B no busca negociar con ellos, busca rebasarlos. No pretende convencer a las minorías, las descalifica. No construye consensos, los sustituye por consultas, muchas veces diseñadas para confirmar lo ya decidido.
Y es allí donde aparece una pieza clave, apenas insinuada pero políticamente explosiva, la posibilidad de adelantar o empatar la revocación de mandato al tercer año de gobierno, es decir, en 2027, coincidiendo con las elecciones intermedias. En unos cuantos renglones, pero con enorme carga estratégica, se abre la puerta a que la presidenta no sólo gobierne, sino que entre en campaña permanente bajo el argumento de someterse a juicio popular. No sería propaganda, dirán, sería democracia participativa, no sería promoción personal, insistirían, sería el pueblo decidiendo si la presidenta se queda o se va. Pero en los hechos, significaría colocar la figura presidencial en el centro de la contienda electoral, con todo el aparato político movilizado en torno a su permanencia. Porque, al final, el pueblo pide, el pueblo pone, el pueblo quita, el pueblo ratifica y quien entiende, interpreta y representa al pueblo, “soy yo”, el del micrófono.
La pregunta de fondo no es si el pueblo debe tener más mecanismos de participación, sino quién diseña esos mecanismos y con que propósito. Cuando las reglas del juego se ajustan desde el poder, la democracia corre el riesgo de convertirse en una escenificación cuidadosamente controlada, y entonces, la voluntad popular deja de ser un contrapeso para transformarse en un instrumento. El Plan B en su versión más acabada, no es una alternativa, es un método para gobernar sin obstáculos, para legitimar sin cuestionar y para perpetuar una narrativa donde el poder nunca se equivoca, porque actúa en nombre de un pueblo abstracto, omnipresente e incuestionable.
Al final, cuando el poder hace todo a nombre del pueblo, el pueblo invocado no es el pueblo real, sino su versión domesticada, conveniente, alineada. Quien dice encarnar al pueblo termina por suplantarlo, gobernar deja de ser escuchar para convertirse en interpretar o hasta imponer una voluntad que nadie puede verificar. Y así, en nombre del pueblo, se gobierna sin él.
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