La ley suele depender del color del cristal con que se mira, prevaleciendo el color del poder. Una regla no escrita de política internacional es que es que cuando la ley estorba a los poderosos, deja de ser ley.
Nicolás Maduro es, para buena parte del mundo democrático, un presidente ilegal, un usurpador del poder, señalado por corrupción, por vínculos con el narcotráfico y por encabezar un régimen opresor que ha expulsado a millones de venezolanos de su país. Un barbaján que, de no ser removido por la fuerza, permanecería indefinidamente al frente del destino de Venezuela. Sin embargo, ¿hasta dónde tiene Estados Unidos el derecho de saltarse las leyes internacionales para hacer justicia por su propia mano? ¿Quién fija el límite cuando el sheriff global decide que la causa es justa y la urgencia moral suficiente?
Desde la óptica de Washington, el caso está resuelto. Al ser declarado Maduro líder del llamado Cártel de los Soles -aunque dicha acusación ha sido relegada-, ilegal introductor de drogas a Estados Unidos, este país se asume con la prerrogativa para actuar en consecuencia. No mediante un golpe de Estado, sino una operación de seguridad nacional, no se derroca a un presidente, se neutraliza a un criminal. El lenguaje importa porque legitima.
Pero las consecuencias no se detienen en Caracas, el reacomodo geopolítico impacta directamente a México. Una Venezuela “rehabilitada” bajo la sombra o el amparo de Estados Unidos implicaría la resurrección de su industria petrolera. Llegarían inversiones cuantiosas de compañías privadas, principalmente estadounidenses, listas para reinstalarse donde antes fueron expulsadas. El capital, pragmático y disciplinado, suele alinearse a la protección de su gobierno. Donde está Washington, hay garantías, donde no, hay dudas, y estas dudas hoy pesan sobre México. Inversionistas que antes veían al país como destino natural pueden empezar a comparar escenarios. En Venezuela habría reglas claras respaldadas por la potencia hegemónica, en México persiste la idea de que las leyes pueden cumplirse…o reinterpretarse.
A esto se suma Cuba. Sin el subsidio venezolano, la Habana requerirá aún más petróleo mexicano, considerando que en el presente sexenio el alza de envíos de petróleo a la isla ya se ha incrementado a volúmenes récord. ¿Cuba lo pagará? ¿A qué precio? ¿Tiene con qué? ¿Se transparentarán los envíos? ¿O se tratará una vez más de un apoyo político disfrazado de solidaridad energética? Cada barril enviado tendrá un costo diplomático. Y aquí surge la delicada pregunta: ¿Verá Estados Unidos con buenos ojos que México respalde abierta, franca y consistentemente a Cuba -y por extensión a Venezuela- en un momento de redefinición estratégica en la región? ¿Cuánta autonomía tolera Washington cuando están en juego seguridad, energía y narcotráfico?
Todo esto ocurre mientras se aproxima la revisión del T-MEC. Nada de lo anterior es abstracto, las diferencias políticas suelen cobrarse en el terreno comercial, en este caso vía presiones regulatorias, amenazas arancelarias o un endurecimiento silencioso de las reglas. La responsabilidad recaerá en Claudia Sheinbaum, quien tendrá que sostener una política exterior ideológica, sin arriesgar la relación con nuestro principal socio comercial, navegando entre la lealtad heredada y el pragmatismo. Porque en política internacional, cuando la ley estorba, se impone el cristal del poder.