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Reforma judicial, política de Estado

28/02/2020
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El acento puesto recientemente a las modificaciones al sistema de justicia en México, promovidas por las instancias federales evidenció los déficits y la crisis del modelo actual al impulsarse dos proyectos para reconstruirlo.

El primer paquete de iniciativas de reformas legislativas presentadas y retiradas por el gobierno federal el pasado mes de enero y al no remitirse al poder Legislativo, periclitó.
El hecho de descartar, el gobierno federal, dicho paquete reformador se produjo por las severas críticas de académicos y organizaciones de la sociedad civil dados a conocer por redes sociales y los medios de comunicaciones nacionales y mundiales, con diversos planteamientos.

Entre ellos, la afectación de los derechos humanos al intentar reingresar al sistema inquisitorio penal por el acusatorio con la presunción de inocencia, incrementar la discrecionalidad de los fiscales, la extensión del arraigo para todos los delitos cuando se aplique a un sospechoso mientras reúne pruebas y presenta la acusación formal el ministerio público, la creación de la figura de presunción de responsabilidad cuando alguien se niegue a participar en una investigación, la eliminación de jueces de control, la vulneración a la independencia del Poder Judicial de la Federación al nombrar jueces y magistrados por nueve años a cargo del Senado, la anulación del Consejo de la Judicatura, el establecimiento de una jurisdicción especializada para conocer delitos cometidos por jueces federales, la expedición del Código Penal Nacional, entre otros temas.

La falta de recepción de las referidas iniciativas se explican, al menos en su planteamiento inicial, por la carencia de la agenda, el diálogo y los acuerdos entre las instancias de los poderes del Estado Mexicano (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), que estuvieran basados en los fundamentos constitucionales de la separación de poderes para plantear con claridad la tematización, problematización y los límites del modelo del sistema judicial.

Cuyos indicadores de injusticias, en aumento, que vive la sociedad expresados por los delitos de pederastia, feminicidios, trata de personas, secuestros, tráfico y desaparición de personas, extorsiones, impunidad, entre otros más, así como la corrupción y el nepotismo dado en las instituciones, han hecho más notoria la crisis del sistema de justicia del Estado Mexicano.

Ello ha sido detonador de movimientos sociales a lo largo del país, como el reciente reclamo, impulsado por las mujeres ante la ineficacia de garantizar su seguridad por el Estado, en su persona, en su integridad y respeto.

En referido contexto nacional y ante la magnitud de inconformidades con respecto al primer paquete de reformas propuestas en materia penal, se aceptó por el Ejecutivo Federal, el pasado 12 de febrero, las presentadas por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y al carecer éste de facultades para iniciar leyes, las hizo suyas aquél, signó la iniciativa correspondiente y la turnó al Legislativo.

Con ello, se constituyó el consentimiento expreso entre dos poderes. Se entendió y valoró al sistema de justicia federal, en responsabilidad compartida, que de no atenderse difícilmente pueden sortearse el complejo entramado de inseguridad, corrupción, impunidad e injusticia. 

Acreditó el arranque de una política del Estado con la reforma judicial, aún en curso, al encontrarse en la agenda de nuestros legisladores para modificar el patrón del sistema de justicia.
Las iniciativas propuestas por el Poder Judicial de la Federación se centran, fundamentalmente, en lograr la legitimidad del mismo ante la sociedad. Requiere modificar el modelo de impartición de justicia ante el deterioro de su institucionalidad producido por los problemas del nepotismo que ha conducido al conflicto de intereses, así como por la corrupción dada por determinados juzgadores, el requerimiento de la profesionalización de forma abierta y acreditar la vocación de servicio, alcanzar la paridad entre géneros en los cargos del ejercicio de la función judicial.

Lo anterior, resulta crucial para que los impartidores de justicia contribuyan a la paz social, a la solución pacifica de las controversias y recuperar la confianza pérdida en su actuar como poder garante en la aplicación del derecho y de la supremacía constitucional.

En efecto, el paquete denominado: “Propuestas de Reformas al Poder Judicial de la Federación”, alude a ello, al presentar reformas a los artículos 94, 97, 99, 100, 103 y 107 de la Constitución; la expedición de dos leyes nuevas: Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; Reformas a cinco ordenamientos legales: Ley de Amparo, Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución, Ley Federal de la Defensoría Pública, Código Federal de Procedimientos Civiles y Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

En dichos dispositivos se comprenden nuevas funciones, competencias, atribuciones y estructuras del Poder Judicial de la Federación, que entre otros temas relevantes: Conocerá de los amparos directos en revisión, cuando el asunto revista interés excepcional en materia de constitucionalidad o de derechos humanos; Ingresará a las omisiones legislativas como objeto de controversia constitucional; Se abrogará de formar jurisprudencia obligatoria por reiteración por el sistema del precedente único y obligatorio cuando las razones que justifiquen su decisión sean emitidas con votación calificada; El Consejo de la Judicatura fijará el número de órganos jurisdiccionales, su delimitación geográfica y especialidad y creará un Pleno Regional con jurisdicción sobre los circuitos que le correspondan; Propone una Ley de Carrera Judicial, reguladora del Poder Judicial de la Federación bajo nuevos principios como mérito, igualdad y paridad entre géneros; Se reconocerá la escuela judicial constitucionalmente: Establecerá nuevos estándares para el control y ratificación de juzgadores; Agregará facultades institucionales para el combate a la corrupción; Procedimientos de prevención contra el nepotismo; Considera el ingreso, permanencia y retiro del personal sustentado en criterios de la meritocracia.
De este último paquete legislativo se deja de registrar reformas impostergables a los órganos de la administración de justicia en términos de su organización, funcionamiento y atribuciones como a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y al ministerio público, con el objeto de que garanticen eficacia, honestidad, profesionalismo y el respeto a los derechos humanos conforme a la Constitución Federal y Tratados Internacionales.

También cabría considerar facultar a la Suprema Corte de Justicia para presentar iniciativas a fin de superar los límites políticos que hemos arrastrado por más de una centuria y que es necesario para desplegar toda la capacidad estatal que se necesita para superar rezagos en el sistema de justicia.

El propósito es entender que el actual régimen de justicia mexicana exige del enfoque integral de nuestros legisladores federales, que anticipen con claridad estratégica muchas de las cuestiones para el respeto irrestricto de los derechos humanos, para que el Estado Mexicano pueda desplegar sus potencialidades y cumpla con sus funciones constitucionales, asegure libertades, vincule su agenda legislativa con las posiciones y exigencias de la sociedad, genere la seguridad y la justicia.
 

José René Olivos Campos
Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán electo por el Senado de la República. Doctor en Derecho, Maestro en Administración Pública, Licenciado en Ciencias Políticas y...