En el acontecer de la pandemia COVID-19 a escala planetaria, la democracia ha demostrado su fragilidad ante la posverdad dado que los fundamentos existentes se encuentran desprovistos para dar certeza al nuevo escenario provocado por la expansión de la epidemia.
En el escenario mundial, IDEA Internacional señala que, entre el 21 de febrero al 18 de agosto del presente año, se produjo el aplazamiento de las jornadas electorales en 70 países, otros 53 las realizaron en las fechas previstas a pesar de la epidemia y 16 más celebraron elecciones que inicialmente pospusieran por la prevención ante la pandemia.
México se inscribe en este contexto democrático, al prorrogar inicialmente las elecciones de los diputados del Congreso del Estado de Coahuila y a los integrantes de 84 ayuntamientos del Estado de Hidalgo. Ello aprobado por el INE, el pasado 1 de abril, al atraerlas las elecciones y suspenderlas con motivo de la emergencia sanitaria por el COVID-19, ante el riesgo del contagio que puede afectar a la salud de la ciudadanía.
Luego, acordó el INE, llevar a cabo la jornada electoral el próximo 18 de octubre. Después, el pasado 2 y 3 de agosto, judicializaron tal decisión, los partidos de Acción Nacional y MORENA al interponer las demandas ante el Tribunal Electoral Federal para impugnar el Acuerdo del INE, con la pretensión de continuar con la suspensión de las elecciones estatales referidas, fundamentalmente fundados con el tema de la pandemia, con lo que se impedirían, llevarse a cabo, los procesos electorales.
El Tribunal referido, el pasado 14 de agosto, mediante la sentencia emitida, SUP-RAP-42/2020 y acumulado, confirmó el acuerdo del INE para que realice las elecciones. Con ello, resolvió, desde el enfoque democrático, el que la ciudadanía pueda ejercer su voto, pero también estableció que deberá tomarse en cuenta las medidas sanitarias correspondientes para evitar contagios.
Estamos frente a desafíos novedosos a fin de que no se erosione la democracia con los aplazamientos de los procesos electorales de este año, provocados por la pandemia. Cuyos planteamientos giran en torno acerca de cómo establecer o reestablecer los comicios sin afectar el derecho a la salud de las personas.
El punto de partida es seguir sosteniendo en que la democracia es posible cuando se inscribe en el escenario nuevo de la posverdad, caracterizado por la volatilidad de la información pública que cambia día a día. Nadie puede asegurar cuál es la tendencia de crecimiento de COVID-19. ¿No conocemos realmente cuántos enfermos efectivamente hay? ¿Cuántos han fallecido por esta causa? No hay reactivos suficientes para realizar las pruebas a toda la población.
Las cifras oficiales difundidas se señalan que deben multiplicarse por tres o cinco para calcular la realidad, con las lamentables tragedias de pérdidas de vidas. Existe desinformación o se cuenta con noticias falsas y maliciosas o se generan con especulación. No hay certeza sobre cuál será la verdad.
Lo anterior, necesariamente entraña reformas a las normas y la renovación de las instituciones para garantizar a la democracia, ante las condiciones de salud que se viven, así como frente a especulaciones que trataran de evitar las elecciones con aseveraciones que no se basen en hechos objetivos de las situaciones sanitarias y apelen a las creencias o las percepciones del público que pudieran generar las presiones y posturas de los actores políticos con el fin de desbordar a la democracia, al impedir el sufragio efectivo, que conduciría a la parálisis democrática y en consecuencia, fenezca de facto, como sistema político.
Estos escenarios de la democracia plantean las cuestiones de viabilidad de la capacidad de gobierno para sortear que los procesos electorales presentes no sean entorpecidos por el aplazamiento por la emergencia sanitaria, con el riesgo de prorrogarse la suspensión de los comicios, en caso de propagarse la pandemia, aún con los protocolos que implemente el INE. Esto dependerá de lo que establezca la Secretaría de Salud si se está en riego o no la salud de los electores ante la letalidad del COVID-19.
Esto pudiera suceder en el escenario de la jornada electoral del año 2021, en la que el INE aprobó, el 6 de agosto, el calendario del proceso electoral y fijo el inicio para el próximo 7 de septiembre.
No obstante, de llegarse a prorrogar el proceso electoral en caso de que fuera impugnado por los actores políticos ante el órgano jurisdiccional electoral para garantizar los protocolos sanitarios para evitar el contagio por COVID-19, podrían dejar de ejercer su derecho a votar 94.9 millones de electores, así como la participación de 1,4 millones de ciudadanas y ciudadanos para desempeñarse como funcionarios en las 164,500 casillas, en las que se elegirán a los diputados federales en los 32 estados, 15 gobernaturas, 30 congresos locales, más de 1,900 integrantes de los ayuntamientos y 16 alcaldías.
Desde luego las elecciones no se pueden prorrogar continuamente, dado los plazos para renovar los cargos de elección popular que deben observarse conforme lo mandata el orden político constitucional y la pandemia no puede constituirse en un obstáculo permanente. Tampoco debe dejarse de garantizar el derecho a la salud de las y los mexicanos en tiempos en que la epidemia crece.
En el arranque y desarrollo de las mutaciones efectuadas recientemente, los retos próximos implican retomar y fortalecer el patrón del sistema electoral mexicano vulnerado, hoy en día, con la pandemia y por la volatilidad de la información.
Se requiere reconstituir los componentes de la democracia, condensador de varios de los cambios en el último lustro, como la pluralidad, la competitividad, la alternancia de los procesos electorales para la transmisión del poder, la garantía de los derechos humanos, el fortalecimiento de las instituciones administrativas y jurisdiccionales electorales.
Ello nos plantea nuevas cuestiones, como el preguntarnos cuáles son los factores e instancias que hay que consolidar o comenzar a construir para evitar que la democracia no sea ineficaz y frustre las expectativas de la sociedad ante la pandemia y se puedan ejercer los derechos políticos-electorales.
Lo anterior, para que no derive en la ilegitimidad al tener que designar representantes sin haber obtenido el cargo público mediante el voto popular con la justificante sustentada en la pandemia del COVID-19. Al valorar que el contagio sea el impedimento para la expresión de la voluntad jurídica y política de la ciudadanía y evitar que existan casos que vulneran derechos políticos electorales para elegir a los gobernantes, como al restringir el derecho al voto por encontrarse la ciudadanía infectada por el virus COVID-19.
Lo anterior alude a las capacidades de respuesta institucionales que sean el medio para que los derechos humanos, la democracia, la distribución equitativa, el desarrollo sean el sustento del porvenir y no se colapse el orden de la vida en la actualidad.
En esta etapa, la democracia tiene que dar cabida a la calidad institucional del gobierno democrático, en donde se aseguren los derechos políticos de la ciudadanía y la eficacia de la gestión de la gobernación democrática.
Ello debe tener en cuenta la reingeniería constitucional, el ejercicio democrático comprometido con los fines públicos del Estado, la garantía de los derechos humanos, en términos de lograr las elecciones exitosas. Esto es, que cumplan las expectativas de la democracia representativa para acreditar elecciones plurales, competitivas, libres, imparciales, frecuentes, incluyente del sufragio libre de la ciudadanía, sin coacción, cuide el bienestar y la salud de la población ante la epidemia.
Se necesita construir una estrategia desde su planteamiento inicial que conduzca a la consolidación de un régimen democrático electoral que simplifique normas, procesos, plazos, estructuras, órganos, sin dejar de ser sólido, eficaz y estable.
Los casos de Coahuila e Hidalgo se pueden constituir en el modelo o el referente a seguir. Estos comicios podrían ser un patrón heurísticamente útil para la jornada electoral de 2021 y para los futuros comicios en caso de no existir cura para combatir el virus del COVID-19.
Ante ello, entre los desafíos hacia un nuevo modelo democrático serían:
a) Presupuestar los recursos públicos para garantizar los protocolos preventivos de salud para la participación de los partidos políticos, los candidatos en las precampañas, campañas, a la ciudadanía para ejercer su voto en la jornada electoral, así como de los funcionarios de casillas, y las demás autoridades electorales. El control y uso sanitario de materiales electorales antes, durante y después de la jornada electoral.
b) Aprobar, en la agenda legislativa, los ajustes de la reingeniería constitucional y legal para prorrogar los plazos de los procesos electorales tomando en cuenta las circunstancias y medidas dictadas por las autoridades competentes en el contexto de la contingencia sanitara para realizar la votación y hacer los ajustes en el procedimiento para resguardar la salud en toda la cadena de actividades de quienes intervengan en las elecciones, en donde se involucre a los diversos actores políticos e instituciones para los acuerdos necesarios.
c) El fortalecer el uso de herramientas digitales en la cadena del proceso electoral que se han venido implementando en el ámbito federal. Requiere se involucre a los actores políticos (p. e. para reuniones virtuales), a las autoridades administrativas en la preparación y organización de los comicios (p. e. ingreso y capacitación en línea de funcionarios de casillas, urnas electrónicas, voto por Internet), a las fiscalías federal y locales para ejercitar la acción penal en materia de delitos electorales, así como en la impartición de justicia por los tribunales electorales federales y locales. Ello, para la protección de los servidores públicos y personas que acuden a sus instituciones y para garantizar que el sistema electoral democrático no se paralice.
Es por ello, que las modificaciones electorales en curso debieran considerar soluciones integrales en sus objetivos, ámbitos de competencia, atención a la realidad política y social de lo local y nacional, al reconocimiento y garantía extensa de los derechos humanos, al diálogo y acuerdos, a la convocatoria abierta y a la capacidad legislativa que converjan para la elaboración de mejora en la estructuración de los diseños legales y construir mejores instituciones para nuestra sociedad democrática.
