A más de dos centurias del natalicio de Benito Pablo Juárez García recordamos al republicano, federalista, liberal, demócrata y patriota de mediados del siglo XIX. Cifró la restauración de la República Mexicana con la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma de 1859.
La acción de gobierno la sustentó en los principios, normas y valores republicanos y liberales codificados en la Constitución, detonadores y condensadores de todo un conjunto de transformaciones radicales.
Desmanteló los privilegios de los fueros eclesiásticos y militares previstos desde la Constitución Federal de 1824, después en las Constituciones centralistas de 1836 y de 1843. Los privilegios otorgados a dichos sectores, no impulsaron ni lograron la prosperidad del país.
Los privilegiados, conservadores, clero y élite burocrática, contribuyeron al estancamiento económico, al incremento de la deuda pública externa para subsidiar los déficits de las finanzas públicas y generaron mayor pobreza.
De ahí, las leyes de reforma y la desamortización de los bienes del clero expedidas por Juárez para impulsar el crecimiento económico.
El liberalismo enlazado con un nuevo orden político constitucional estableció el Estado federal, republicano, popular y representativo. Producto del Congreso Constituyente (1856-1857), conformado por los liberales puros, moderados y escasos conservadores. Lo logrado fue con el predomino y la aprobación de nuestros legisladores liberales con convicción democrática, libertaria y nacionalista.
Los principios de igualdad y libertades reconocidos en los derechos civiles y políticos constitucionales, garantizó la sociedad libertaria en la materia de secularización. Dio identidad nacional. Desterró al Estado confesional. Herencia colonial ideológica y material que impusó un solo credo, así como lo arrogado por las Constituciones de 1824, 1836 y de 1843.
El Estado laico se fundó en la concepción libertaria, en el contexto del movimiento de la defensa de la soberanía nacional frente a la invasión francesa, con la instauración y caída del Segundo Imperio en 1867, que fuera encabezado por Maximiliano de Habsburgo.
La racionalización del poder político lo previó la Constitución. Institucionalizó la democratización de los poderes. Dispuso que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueran electos de manera popular indirecta conforme a los términos de la ley electoral. El presidente de la República fue electo con carácter unipersonal al derogar la figura del vicepresidente.
En tanto, la Cámara de Diputados única del Poder Legislativo, sus miembros eran electos popularmente, al así preverlo la Constitución de 1857. Después, a dicho Poder, se incorporó la Cámara de Senadores en 1875, cuya iniciativa fuera propuesta por Juárez en 1868.
La Cámara de Diputados del Poder Legislativo al funcionar con libertad estableció diques y concesiones al Ejecutivo, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ejercer independencia y autonomía en sus decisiones, generaron los pesos y contrapesos entre los poderes del Estado Mexicano.
Con ello, se comprendió que el cambio de gobernantes, del gobierno republicano, se trató de un cambio hacia el patrón de gobernar democráticamente. Representar la voluntad jurídica y política de la ciudadanía en la función judicial, ejecutiva y legislativa de forma democrática. Ello condujo al Estado constitucional y democrático.
En suma, en dicha época republicana, liberal y democrática prevaleció el garantizar la unidad y la independencia de México, los derechos de igualdad y libertad, el sistema federal, la división de poderes, la separación del Estado y el clero, la austeridad republicana, la defensa nacional, que en nuestra Constitución de 1917 ha mantenido vigentes. Cuyos temas, en la actualidad, nos ayuda a identificar muchos de los problemas que aún se pretenden resolver o que de plano hay que comenzar a construir desde la visión democrática para evitar su ineficacia y frustre las expectativas que desató su reivindicación y lucha desde la etapa de la restauración republicana.
