El Estado Mexicano refuerza la protección de la igualdad sustantiva de las mujeres al instaurar dos vertientes: la regulación jurídica y la institucional. Con ello, se trata de transitar décadas de la "igualdad formal” a la igualdad sustantiva. Ante realidades vividas día a día, como la brecha salarial persistente y violencias sistemáticas.
En la vertiente jurídica, prevista en la Constitución Federal, artículo 4º, párrafo tercero, se da paso a su reglamentación con la reforma de múltiples ordenamientos legales establecidos en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el pasado día 15 de enero.
Dentro de los pilares de esta reforma, se destacan:
- Un cambio de paradigma, especialmente visible en el ámbito laboral. El mandato es claro: a trabajo igual, desempeñado en las mismas condiciones y jornada, debe corresponder un salario idéntico, sin distinción de sexo o género. Esta obligación del Estado Mexicano para eliminar la brecha salarial busca erradicar de raíz los estereotipos que, históricamente, han castigado el ingreso de las mujeres por sus roles de cuidado o condiciones de embarazo.
- La reforma introduce "deberes reforzados de protección". Esto significa que las autoridades no pueden ser sólo observadoras; deben aplicar mecanismos de alerta temprana y actuar con criterios de interseccionalidad, reconociendo que la discriminación afecta de manera distinta a una mujer indígena, a una niña o a una mujer en situación de migración
- De esta nueva legislación resulta relevante su alcance transversal. No se limita a una "ley de mujeres", sino que modifica el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la Ley General de Educación, la Ley de Salud y la Ley de Vivienda, entre otras.
- En el sector educativo, por ejemplo, el mandato es eliminar las barreras de aprendizaje basadas en estereotipos de género y prevenir la deserción escolar de niñas y adolescentes.
- En materia de vivienda, se prioriza ahora a las mujeres jefas de familia y víctimas de violencia, asegurando que el acceso a un hogar sea un mecanismo de protección real. Incluso en la seguridad social, se exige la producción de estadísticas desagregadas por sexo y etnia para medir con precisión el impacto de los servicios y corregir las desigualdades.
La segunda vertiente, la institucional, uno de sus pilares fundamentales es la Secretaría de las Mujeres de la Administración Pública Federal, no solo coordinará las políticas nacionales, también tendrá la facultad de transversalizar la perspectiva de género en toda la administración pública. No se trata de esfuerzos aislados; ahora, todas las dependencias y órdenes de gobierno están obligados por ley a incorporar esta visión en su planeación, presupuestación y evaluación.
La Política Nacional de Igualdad Sustantiva también pone el foco en la corresponsabilidad. Se busca eliminar los estereotipos que naturalizan las labores domésticas y de cuidado como una carga exclusiva de las mujeres. Para ello, la vigilancia de la publicidad gubernamental será estricta, prohibiendo cualquier mensaje que refuerce la exclusión o restricción de derechos basados en el género.
Por otra parte, las autoridades jurisdiccionales están obligadas a impartir justicia garantizando la igualdad sustantiva y actuando con perspectiva de género.
De este modo, el éxito de este ambicioso régimen jurídico e institucional para garantizar la igualdad sustantiva dependerá de su implementación efectiva. Asimismo, la obligación de asignar recursos específicos en los presupuestos de egresos de la Federación y las Entidades Federativas deben de asegurar que estas políticas cuenten con el músculo financiero necesario y no se queden en buenas intenciones.
Estamos ante una modernización jurídica e institucional que busca, ante todo, que la igualdad no sea solo un principio formal, sino una obligación de resultado que el Estado Mexicano debe garantizar mediante acciones afirmativas, presupuestales y estructurales.
De esta forma, la igualdad sustantiva implica la eliminación de las causas de opresión de género, la injusticia y la jerarquización, garantizando el mismo trato y oportunidades en los ámbitos público y privado.
Es el inicio de una era donde la igualdad sustantiva no es un ideal lejano, sino el eje rector de cada acción del Estado Mexicano para garantizar que mujeres y hombres tengan el mismo valor y las mismas oportunidades de desarrollo.
Este es el nuevo desafío que asume el Estado Mexicano garante, de no transitar de manera efectiva ante un contexto de incertidumbre, turbulento y contrastante que vive la sociedad, mexicana, estará en riesgo la legitimidad del mismo.