La sociedad mexicana posmoderna vive el tiempo de la incertidumbre. Hoy en día no es posible garantizar con certeza lo que ocurrirá mañana.
En esta época, el Estado Mexicano se erige en el Estado austero y se deslinda de su antecesor: el Estado neoliberal. En la cruzada para extinguirlo progresivamente del escenario político, jurídico y social es valorado como el generador de los grandes problemas nacionales al no producir las transformaciones para el progreso nacional.
El poder de la austeridad estatal contempla el fin de la corrupción y la impunidad en la turbulencia dada con la era de privilegios de la clase política, empresarial y sindical. También incluye, en sus decisiones: la reducción de sueldos a los servidores públicos con el ejemplo y epicentro presidencial previsto constitucionalmente; la disminución de millares de personas de la burocracia federal; la prohibición de exenciones fiscales a las personas físicas y morales privadas; la liquidación de instituciones autónomas; la cancelación de los subsidios a organizaciones sociales no gubernamentales; supuesta rifa de bienes públicos; la asignación directa de los apoyos sociales a madres solteras, personas de la tercera edad, jóvenes sin estudiar ni trabajar; entre otro orden de asuntos. Cuyo foco teleológico culmine en otro orden político y social diferente del pasado, saqueador y transgresor de la vida pública, con altos costos para la sociedad mexicana.
En la ejecución del proyecto estatal austero dominante y en curso, no logra detonar con toda la ingeniería constitucional reformada y la acción política realizada. Enfrenta el crecimiento económico estancado, con la inversión, el empleo y el ingreso minimizado y acentuado con la inseguridad que se expande y vulnera a las personas y familias en su integridad física, psíquica y emocional, en sus bienes, patrimonio, derechos y posesiones.
Asimismo, la inseguridad incursiona con grupos de presión efectivos (por ejemplo, el caso Culiacán) cuestionando la capacidad estatal para gobernar en ciertas localidades y regiones del país e incluso, dicha mayoría, se convierte en presa fácil para ingresar a los jóvenes a sus organizaciones delictivas.
A ello se agrega el fenómeno de la migración acelerada, con el deber del gobierno de garantizar el respeto de los derechos humanos y con ello plantea nuevos retos a resolver por el Estado.
La austeridad en el poder estatal con toda su capacidad está presente la opulencia y la indigencia. Cohabitan la vida de confort y las carencias se ahondan. Hunden sus raíces con singular prontitud. Nadie las detiene.
En su transformación, el Estado austero, sin mutaciones al régimen constitucional presidencial, con todas las amplias atribuciones (por ejemplo: es el Jefe de Estado, del Gobierno, de la Administración Pública, de las Fuerzas Armadas), de recursos públicos (concentra el 82.0% del ingreso neto de la Federación), decisiones y de beneficios con diferente escala (federal, estatal y municipal) y magnitud, no logra modificar la brecha de la opulencia de la minoría (se cuentan con 122 mil millonarios en México, Informe Global de Riqueza 2019, Credit Suisse Research Institute) y la pobreza de la mayoría (existen 62.5 millones, EL UNIVERSAL, 20/01/2020).
Esta sociedad mayoritaria comparte necesidades, anhelos, y afanes de mejora, pero no se organiza ni moviliza. Mantiene inconexiones y la firme esperanza de que se curarán los males, se logrará el bienestar y llegará la justicia social. La esperanza es necesaria para resistir y permanecer en el lapso de vida.
Cuando se vinculan con otros en las redes sociales, existe la comunicación difusa. Al no conocerse entre sí, son ignotos con la idea de encontrar solidaridad, generar corrientes de opinión o al menos de ser escuchados. Sin que ello altere, modifique o cambie el estatus de pobreza. Continúan con la vida rutinaria, esperanzada a un mejor mañana, que no llega o se advierte lejano e inalcanzable, ante el presente que sigue sin progreso.
No obstante, si bien la vida de la mayoría referida pasa precipitada, su libertad civil y política debería conllevar a facilitar la liberación de sus necesidades, ella es la nutriente de la democracia.
Este gran sector social concentra la máxima atención en la renovación de los cargos de elección popular, con su voto, con su voluntad jurídica-política es constitutiva del gobierno democrático. Fundan sus esperanzas en los representantes que eligen, quienes debieran interpretar y resolver las necesidades y exigencias. Con ello se reivindicaría la democracia como respuesta política para detener y revertir los efectos sociales destructivos generados por el agotamiento de los modelos de desarrollo y los regímenes de los gobiernos pasados.
En la perspectiva estándar del gobierno democrático se trata de vigorizar a las instituciones de salud, vivienda, educación, alimentación, de seguridad pública, generar inversión y empleo. Esto sería fortalecer la capacidad del gobierno orientado a dar respuestas a los planteamientos de este gran sector social ante los acotamientos y rezagos que se viven.
Con ello el actual gobierno legítimo, ciudadanamente electo, alude a que sea eficaz en el cumplimiento de sus diversas funciones, fundamentalmente las relacionadas con el desarrollo social y económico para sortear el reencuentro con las necesidades, el malestar, la ausencia de vigor y del poder de la mayoría desigual que no debiera congeniar con el actual Estado austero.
