Los trabajos de la XIV Asamblea General de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia realizada el pasado 8 de noviembre, desató las posturas y el debate sobre los nuevos retos de la autonomía e independencia de los poderes judiciales, federal y estatales, que implica la responsabilidad de la función jurisdiccional, la de salvaguardar la continuidad del sistema constitucional y convencional ante la complejidad que vivimos en los tiempos presentes y las exigencias del respeto a los derechos humanos.
Las y los panelistas de la Asamblea referida: Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistradas, Magistrados, Juezas, Jueces de la Federación y de los estados, participaron en las mesas de trabajo de gobierno judicial, justicia constitucional, electoral, de género, laboral y administrativa, enfocados a discurrir los factores e instancias que hay que empezar a construir y desplegar toda la capacidad del sistema de justicia para el funcionamiento eficaz y no derive en la ilegitimidad de las instituciones jurisdiccionales inscritas en el actual contexto nacional, en el orden político, democrático y social, que acredite el desempeño del juzgador, su imparcialidad, independencia y autonomía en el ejercicio de su encargo.
Los temas cruciales del sistema de justicia se orientaron fundamentalmente en el actual atolladero del funcionamiento propio de la administración de la justicia, de las relaciones entre los poderes y con la sociedad.
Eel arranque, desarrollo y conclusión de lo debatido en la Asamblea citada, se fundó en la acreditación moral de la autoridad judicial sustentada en y por la sociedad mexicana, que requiere modificar la impartición de justicia ante el deterioro de su institucionalidad producido por los problemas del nepotismo que ha conducido al conflicto de intereses, la corrupción en el sistema de justicia generada de forma focalizada, el requerimiento de la profesionalización de los juzgadores con vocación de servicio, el alcanzar la paridad de género en los cargos del ejercicio de la función judicial, lo cual afecta a los poderes judiciales e incide sobre los impartidores de justicia al contribuir a la paz social, al ejercicio de la gobernación democrática y a la solución pacifica de las controversias.
Frente a ello se estableció la necesidad de tomar medidas por los órganos jurisdiccionales para combatir la corrupción, corregir el nepotismo, la ratificación de jueces y magistrados lo que implica valorar su desempeño, la inclusión de las mujeres para asumir los cargos de juzgadoras a fin de lograr la paridad entre géneros. Esto con el propósito de ajustar el modelo del sistema de justicia en que opera.
También se entendió que el patrón de las funciones entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no es de pesos y contrapesos, se trata del ejercicio de competencias establecidas constitucionalmente para resolver los asuntos que se controvierten ante los órganos jurisdiccionales y emitir los fallos conforme al litigio planteado aplicando las normas jurídicas preestablecidas, con imparcialidad e independencia, garantizando la constitucionalidad, la convencionalidad, la legalidad y los criterios derivados de ellas.
Otro tópico se vinculó al sistema de justicia abierto al escrutinio público, a la rendición de cuentas y a la transparencia, al derecho a saber de toda persona del acceso a las sentencias y al desempeño de las instituciones jurisdiccionales que requieren funcionar conforme al principio de máxima publicidad, para conocer y observar el comportamiento de éstas por la sociedad, en su actuar y decisiones judiciales, que incluya a la ciudadanía en el conocimiento de las resoluciones judiciales.
Los cambios constitucionales recientes al Estado democrático de derecho y a la extensión de los derechos humanos, así como el nuevo régimen de gobierno y de la administración pública fundada en la lógica de austeridad y racionalidad en el empleo público y salarial, entre otro orden de asuntos, se evaluaron como condiciones y condicionantes de la problematización actual del sistema de justicia y despertó las expectativas, en los paneles, para establecer una estrategia heurísticamente útil, coherente y consistente, para dilucidar la magnitud de los componentes a resolver en el presente y a largo plazo.
Estos son los nuevos retos que enfrentan las instituciones de los poderes judiciales , federal y estatales, que han empezado a valorar más centralmente la importancia del cambio hacia otro paradigma para detener y revertir los efectos negativos del agotamiento del régimen judicial que ha estado operando en el presente siglo.
