La iniciativa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, integrado con 894 artículos, distribuido en 11 libros, derivada del mandato Constitucional de las reformas al artículo 73, fracción XXX, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de septiembre de 2017, cuyo primer proyecto se sometió a los integrantes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana y consideró las observaciones de esta y, actualmente, se discurre en los foros organizados por nuestros legisladores federales en las entidades federativas, desde el pasado mes junio y concluirán en agosto.
En los foros realizados se exponen, por funcionarios del gobierno, juzgadores, académicos, legisladores y abogados, los aciertos, las omisiones, las contradicciones en la codificación de la iniciativa, las diferencias con respecto a las legislaciones locales destacadas y se concretan propuestas al Código referido, que será nacional y único, en materia de procedimientos civiles y familiares.
Todo lo anterior, sujeto a la consideración, desde luego, por el Congreso de la Unión para su inclusión o no, cuando éste lo apruebe.
Esta novedosa codificación, que sustituirá a los Códigos Procesales de los Estados de la República y el Federal en materia civil y familiar, se inscribe en el paradigma de regulación nacional Constitucional dado en el presente siglo. De ello dan cuenta, las reformas y adiciones Constitucionales en materia penal, publicadas el 18 de junio de 2008, que derivó con la expedición de un código único nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado el 5 de marzo de 2014.
En esta nueva etapa tendente a regular el sistema nacional procesal civil y familiar nos muestra la construcción de todo un patrón de principios, instituciones y prácticas procesales que deberán regir para el fuero federal y local, tales como los principios de igualdad y de no discriminación, que deberán estar fundamentados en los protocolos para juzgar con perspectiva de género en materia familiar, con perspectiva de infancia y de adolescencia y de personas con discapacidad, conforme a los tratados internacionales, a los criterios de jurisprudencia y a los emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, igualdad, contradicción, continuidad y concentración, que permita procedimientos más ágiles y efectivos.
Sin duda esta transformación radical que se propone resulta fundamental ante los datos del INEGI que da a conocer en 2021. El 20 por ciento de las mujeres de18 años o más reportó inseguridad en su propia casa y el 23.2 por ciento de las defunciones por homicidio de mujeres ocurrieron en la vivienda. En tanto, en 2021 se registraron 129 mil 20 carpetas de investigación por del delito de violencia familiar, lo que representa un aumento del 20 por ciento respecto al año pasado.
En el modelo propuesto por el Código referido, se establecen procedimientos civiles y familiares de carácter adversarial y predominantemente orales que sean efectivos en la igualdad en el acceso a la justicia y garantice de manera ordinaria la solución de conflictos de forma pronta y sin discriminación.
Se incluye en la codificación nacional citada, el juicio en línea, para el aprovechamiento de las herramientas de la tecnología de la información. Este patrón se orienta a ser más eficiente la impartición de justicia, ampliar su acceso, simplificar los procedimientos, reducir los costos y respetar los derechos humanos.
No obstante, el modelo del sistema de justicia en línea constituye un gran reto. Como es el establecer los medios digitales en el sistema nacional de justicia federal y estatal, así como la suficiencia presupuestaria. El lograr la cobertura universal del Internet como derecho humano reconocido constitucionalmente. Basta señalar que cerca del 76 por ciento de la población urbana dispone de internet y en la zona rural la población usuaria se ubica en 47 por ciento. Lo que habrá que atender a fin de lograr la justicia completa y oportuna, pronta, expedita y por igual a través de los juicios en línea.
Es de destacar que la iniciativa del Código Nacional es el uso de los mecanismos alternos en la solución de conflictos y así garantizar en parte el cumplimiento del objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptado por el Estado Mexicano en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que se traduce en acciones de promover sociedades justas, pacíficas, inclusivas y el acceso a la justicia.
Este mecanismo será fundamental ante los datos del INEGI cuyo resultado del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal reportó un millón 577 mil 327 asuntos ingresados a los poderes judiciales locales en el año de 2020. De éstos, 871 mil 057 fueron resueltos. El 64 por ciento de los resueltos fueron de materia civil y familiar. Por lo que cada año, el 45 por ciento de los asuntos ingresados no son resueltos por los órganos jurisdiccionales locales en ese mismo año. Si a ello, le agregamos los rezagos de los años anteriores, entonces tenemos un reto enorme.
Es por ello que las modificaciones en el Código referido, debieran considerar soluciones integrales en sus objetivos, en atención a la realidad política y social de lo local y nacional como lo llevan a cabo con el parlamento abierto en cada entidad federativa, al reconocimiento y garantía extensa de los derechos humanos, a la capacidad legislativa que converjan para la mejora en la estructuración legal, considerar la suficiencia presupuestaria, capacitación de los operadores, litigantes, juzgadores y de la ciudadanía y construir mejores instituciones para nuestra sociedad.
Estos son algunos de los desafíos en la etapa de integración de la agenda legislativa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el objetivo de que podamos edificar el contenido plural nacional, incluyente, asegurador de libertades, de justicia, de garantizar los derechos humanos, de acceso a la justicia, pronta, completa, expedita, incluyente, en igualdad de condiciones, que nuestros congresistas conduzcan a un estadio legislativo mejor.
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