Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 2025, la presidenta Sheinbaum creó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. La propuesta que dicha comisión presentó la semana pasada está provocando dudas y rechazos por las modificaciones a la representación proporcional, el financiamiento a los partidos políticos y la autonomía e independencia de las autoridades electorales.
Frente a la magnitud de los cambios que mediante la reforma podrían alcanzarse, la discusión sobre la propuesta se ha centrado en sus aspectos técnicos y en sus implicaciones electorales. Ello es importante por ser la materia de las disputas ciudadanas, políticas y legislativas que ya se encuentran abiertas. Con independencia de la relevancia de las opiniones que se están vertiendo sobre la forma y modo de ser de los planteamientos hechos por la Comisión presidencial, me parece que hay un ángulo adicional que conviene tener en cuenta.
Bajo argumentos de representatividad, eficacia, eficiencia y austeridad, la propuesta de la Comisión de la presidenta gira en torno a dos ejes fundamentales. Por una parte, la reducción de las expresiones del pluralismo político nacional mediante el acotamiento de la representación proporcional y la viabilidad de los partidos de oposición. Por otra parte, la reducción de los espacios de autoridad de los órganos encargados de organizar, realizar y vigilar las elecciones. Vistos en conjunto, estos ejes pretenden ser, consecutivamente, barreras de entrada a las diferencias, disidencias en los órganos y procesos político-electorales, así como a los medios de intervención y control de los quehaceres y resultados de esos procesos.
Ante la intencionalidad y magnitud de los cambios planteados por la Comisión de la presidenta Sheinbaum debemos hacernos una pregunta: ¿para qué quieren ella y sus aliados los cambios político-electorales propuestos? Estimo que no los quieren para lograr un proceso de transformación democrática de la vida nacional, pues están actuando precisamente en contra del pluralismo político que la constituye. Pienso que tampoco quieren las reformas para impulsar la equidad social, pues ello se agotó con las reformas pensionarias hechas en el sexenio pasado. No buscan generar una solución redistributiva, pues en los ocho años que llevan siendo mayoría no han abierto ningún camino en tal sentido. Tampoco están buscando realizar un proyecto de izquierda democrática, pues más allá de su genérica identificación con esa posición, el ideario y los cuadros operativos no alcanzan para ello. Parafraseando a Lenin, debido a que Morena y sus aliados carecen de la teoría, de la convicción y de la capacidad para transformar, la reforma que pretenden alcanzar no está hecha para cambiar a México, más allá de lo que pretendan transmitir con lo que es ya un mero eslogan.
Partiendo del contexto en el que se convocó y actuó la Comisión presidencial, del sentido de sus propuestas y de las actuales circunstancias nacionales, los pretendidos cambios buscan crear una red de protección a la actual mayoría morenista. Desde luego y con cierta obviedad, para evitar que mediante los juegos democrático-electorales pierdan el poder con el que cuentan. También, y con menos obviedad, para que, en las sustituciones resultantes de las elecciones, muchos de sus miembros no enfrenten acusaciones penales por lo que hicieron y omitieron al ocupar el poder.
La ausencia de un programa de transformación democrática en la pluralidad y la acumulación de acusaciones sobre las malas conductas de muchos de sus integrantes, han forzado a Morena y a sus aliados a tener que buscar la manera de quedarse con el poder. Las propuestas de la Comisión presidencial son sólo una expresión más de ese ansiado requerimiento por quedarse en el poder.
Ministro en retiro de la SCJN. @JRCossio