La presidenta de la República ha utilizado el tiempo y los recursos destinados para gobernar, en la defensa de los gastos materiales de la actual Suprema Corte de Justicia (SCJ). Ha convertido en asunto de su incumbencia la compra de camionetas blindadas y diversos pagos cotidianos. Asimismo, ha hecho la comparación entre lo que antes y ahora gastan los ministros.
Ante estos cuestionamientos presupuestales pudo haber remitido el tema a la autonomía judicial, que las respuestas no eran materia de su competencia, y que cualquier pronunciamiento podría constituir, inclusive, una violación al más elemental entendimiento de la división de poderes. Lejos de actuar de manera constitucional y prudente, la presidenta decidió no hacerlo; en cambio justificó la adquisición de vehículos y, ante la devolución anunciada de éstos, arremetió contra quienes integraron la SCJ hasta el 31 de agosto de 2025, pasando de la defensa al ataque.
Conviene preguntarse por las causas de esa actuación, porque más allá de la SCJ, de sus integrantes y de sus gastos, arroja importantes luces sobre la gestión actual de la titular del Poder Ejecutivo y de la conducción del Estado mexicano. Una explicación es el respaldo a ministros que fueron electos mediante la reforma auspiciada por la presidenta: algo así como la protección a lo que es propio de ella y de los partidos que la respaldan. Otra es que dicha postura no estuviera encaminada a la protección de los ministros, sino a la defensa de dicha reforma, argumentando que ésta no sólo es buena en sí misma, sino también por la calidad de las personas que mediante ella resultaron electas. Ambas opciones sugieren un patrimonialismo presidencial, que concibe a la SCJ como una especie de “gabinete ampliado” o parte del movimiento transformador que promueve.
No obstante, esa relación entre la presidenta y la SCJ no explica ni las mañaneras defensas de los ministros actuales ni los ataques a sus antecesores. Dada la manera en la que se realizó la reforma, los resultados electorales y la forma en que los ministros han venido resolviendo los casos a partir del 1° de septiembre del año pasado, la presidenta no tiene por qué justificar a los ministros. Menos en un tema como el de la compra de las camionetas, el cual bien pudo quedar empaquetado y justificado en el gran tema de la seguridad.
Lo que parece explicar la defensa presidencial es algo más simple. Se trata de un recurso para llenar el tiempo-aire que ella misma decidió ocupar cada mañana en sus conferencias. Ante la dificultad de informar sobre las cotidianeidades nacionales, tiene que dar cuenta de otras cosas. Asuntos que únicamente adquieren relevancia por la voz de quien las nombra. El problema con este proceder es paradójico y peligroso. Por una parte, porque la presidenta recurre a temas menores para llenar su tiempo; por la otra, porque al hacerlo ocasiona que parezcan relevantes. En un país atravesado por tantos problemas y contradicciones, discutir intensamente sobre unas camionetas es un buen ejemplo de ello.