Comparar el pasado con el presente conlleva el riesgo de suponer que se está a favor del primero. Que se es partidario del adagio de que “todo tiempo pasado fue mejor” y de lo que conlleva. Es así como se produce el problema moral de callar ante lo que se ve por temor a ser considerado parte de lo que se quiere superar. En el contexto mexicano las coordenadas de esta discusión son simples: comparar al pasado priista o panista con el presente obradorista implica asumir que ambos pasados fueron mejores y, en automático, colocarse en la negación al cambio, así como en apoyo a aquello contra lo que se lucha.
La salida a esta disyuntiva sobre el pasado y el presente pasa por la negación sobre la automaticidad del adagio citado, así como por la segmentación analítica de lo que hubo y de lo que hay para efectos de su comparación. Por la postulación de los elementos a comparar sin la previa asignación de cargas valorativas. A partir de este marco es posible contrastar y particularizar las conductas delictivas que los funcionarios públicos realizaban en el Estado de entonces con las que actualmente llevan a cabo. Hacer el análisis y marcar las diferencias no implica, reitero, suponer que lo de entonces era mejor o menos malo, ni que lo de ahora es pésimo por definición.
Estas reflexiones iniciales permiten enmarcar lo que, a mi juicio, es un grave problema de la actual conducción de los asuntos públicos en el país y del hábitat en que se están desarrollando. Parto de un ejemplo actual. Conforme a las investigaciones abiertas en contra de Raúl Rocha Cantú, una de sus presuntas actividades delictivas es el tráfico de armas. La ilegal importación de armamentos y municiones para ser vendidos a algunas de las distintas organizaciones criminales que operan en el país. Armas y cartuchos que sirven para combatir a los grupos delictivos rivales y, también, para enfrentar a los cuerpos de seguridad que tratan de imponer la ley. Para atacar o defenderse de soldados, marinos, policías de diversas corporaciones, agentes ministeriales, y funcionarios migratorios o aduanales, destacadamente.
A diferencia de los delitos del funcionariado pasado, los del presente no sólo implican el enriquecimiento de sus perpetradores y compinches, sino la generación de las condiciones para atacar a las instituciones que le dan sentido y operatividad al propio funcionariado. Lo que ahora está en juego no es únicamente —y aquí no hay apología— la extracción de recursos públicos, sino la posibilidad de asesinar a quienes en condiciones por demás precarias están tratando de imponer algunos atisbos de legalidad. Las pistolas, fusiles y cartuchos que se trafican mediante contrabando han servido tanto para asesinar a servidores públicos vinculados con la previsión y el castigo de los delitos, como para diezmar a sus respectivos cuerpos y sus capacidades institucionales.
La delincuencia estatal de entonces extraía o posibilitaba la extracción de riqueza pública; la de ahora mantiene tal posibilidad y suma el ataque a sus miembros. Desconozco si esta dualidad proviene de dos distintas “moralidades” sobre lo público, o si deriva de los pasados y presentes contextos delictivos. Si los funcionarios priistas y panistas tenían un entendimiento distinto sobre los modos y límites de la depredación, o si lo que están haciendo los morenistas es la patrimonialización de los recursos y la vida nacional. Más allá de la respuesta, lo que hoy acontece es distinto y muy grave. Estamos ante una corrupción que, generada y/o producida desde el Estado, atenta contra la existencia misma del Estado.