En los últimos días se ha especulado mucho sobre el “retiro” de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la República. De entre todas las hipótesis enunciadas, hay una que destaca sobre las restantes: la que tiene que ver con la filtración a diversos medios de la información contenida en tres carpetas de investigación. Por un lado, las del “huachicol fiscal” y el involucramiento de ciertos marinos; por otro lado, relacionadas con “La Barredora” tabasqueña y la implicación de ciertos políticos; así como con el propietario del concurso Miss Universo, sus negocios y alianzas.
En la búsqueda de explicaciones, las narrativas se han concentrado en detallar los juegos de poder entre los componentes del morenismo, la falta de lealtad del hasta hace poco Fiscal, hacia López Obrador, o el empoderamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como de su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Por la complejidad de las relaciones existentes entre los miembros de Morena, la gran cantidad de posibles delitos que los medios dan cuenta a diario, los cruces de poder entre la presidenta y su antecesor, además de los delictivos involucramientos de una parte importante de la “clase política”, es posible que tales factores hayan concurrido al desplazamiento y sustitución de Gertz Manero. No entraré a esa discusión, únicamente me referiré a un ángulo del asunto que me parece muy ilustrativo de lo que acontece en el país.
Conforme a la Constitución, el Fiscal General de la República es el jefe de la función ministerial que monopoliza el ejercicio de la acción penal. Por ello, solamente al Fiscal y a sus agentes del Ministerio Público les corresponde iniciar las investigaciones sobre los delitos federales para, en su caso, ponerlos en conocimiento de los jueces del Poder Judicial de la Federación, para la tramitación de los correspondientes procesos penales. Sea porque una persona denuncie los hechos que, a su juicio, pudieran ser constitutivos de un delito o porque a consecuencia de su gravedad tengan que conocerlos de oficio, los agentes del Ministerio Público son los únicos legitimados para judicializar los hechos a fin de que se apliquen las sanciones previstas en las leyes.
Partiendo del contexto jurídico y las hipótesis apuntadas, es posible hacer una pregunta simple: ¿por qué motivo el Fiscal Gertz Manero filtró información a los medios sobre las carpetas de investigación que tenía abiertas, si contaba con las facultades suficientes para judicializarlas y sancionar a los presuntos responsables?
En el plano de las conjeturas son posibles varias respuestas. De entre ellas, hay una que hace sentido. Gertz Manero buscó mantener —simultánea y complicadamente— un juego en el que, por una parte, no atacara a quien lo había puesto en el cargo y, por la otra, diera a conocer algo de lo que estaba haciendo para investigar los delitos de los que muchas personas tenían conocimiento en México y en el extranjero. Algo así como construir la idea de que no fuera a suponerse que estaba investigando a unos, pero tampoco fuera a suponerse que estaba dejando de actuar frente a ellos.
Si esta especulación es verosímil, el “retiro” del cargo del Fiscal Gertz Manero no cierra del todo los procesos abiertos. Es posible que ello sea así en el plano de las carpetas de investigación o, al menos, en lo que hace a su promoción y adelantamiento procesal. Es improbable que lo logre en el plano de la opinión pública, el cuestionamiento al pasado y al actual régimen y, sobre todo, en la acción que pueda lograrse desde el extranjero frente a quienes hasta ahora siguen en investigación. Tal vez esta fue la intención originaria ante la imposibilidad de ejercer las facultades propias de la Fiscalía General de la República.
Ministro en retiro de la SCJN. @JRCossio