En México hemos vivido, durante los últimos tres sexenios, una “epidemia de homicidios”, una que ha transformado a la violencia en condición endémica en el país. Los homicidios alcanzaron su punto más alto durante esos 18 años y así se han mantenido. Me parece que, junto al horror del número de defunciones, lo que debe preocupar es que nuestra sociedad ha caído en una condición en la que se “normaliza” algo que a todas luces debe rechazarse con toda energía. La violencia no debe ser compañera de viaje en la vida de las sociedades. La inseguridad y la violencia no deberían formar parte de la normalidad.

Para documentar el incremento y la persistencia del problema, solo hay que ver las cifras del Inegi. Mientras en el periodo del presidente Fox cada año en promedio se registraron 10,027 homicidios, en el de Calderón la cifra aumentó a 20,269, en el de Peña subió a 26,193 y en estos cuatro años y medio la cifra alcanzó ya los 35 mil asesinatos por año. Un aumento de 3.5 veces respecto de los primeros seis años de este siglo.

Cuando concluya este gobierno, la cifra del periodo 2019-2024 superará los 200 mil asesinatos y la acumulada entre 2007 y 2024 ascenderá a medio millón. En 2022 en México se registraron en total 847,716 defunciones. De ellas, 84,943 correspondieron a muertes violentas, incluidos 33,287 homicidios, 37,450 accidentes, 8,239 suicidios y 5,918 casos en los que se ignora la intencionalidad. Los homicidios forman parte de las diez primeras causas de muerte en los grupos de 5 a 64 años y es la primera entre los 15 y los 44 años. Además de que el 88 por ciento de los asesinatos ocurrieron entre los hombres.

Las tasas extremas por cien mil habitantes entre las entidades federativas muestran diferencias abismales entre Colima con 115.2 por cien mil habitantes y Yucatán con 2.3, lo que significa una diferencia de 50 veces. Coahuila registró la segunda mejor cifra, cuando solo una década atrás el número de homicidios en esa entidad fue de mil 146, en tanto que la más reciente muestra un decremento del 86 por ciento con 159 asesinatos. Esto ejemplifica que la violencia y la inseguridad se pueden poner bajo control.

Para que este tema se resuelva, se deberá cambiar radicalmente la posición del gobierno, pero también la de la sociedad. Todo debe iniciar con el reconocimiento expreso de que la estrategia de “abrazos, no balazos” es solo un fracaso estrepitoso que se debe sepultar y sustituir por una estrategia integral acordada entre los niveles de gobierno y todos los sectores. Nadie debe permitir que el crimen organizado sea recaudador de “impuestos”, financiador de campañas políticas, autoridad armada o parte del poder político y administrativo del país. Todo ello y muchas otras cosas más se deben combatir y erradicar

Tampoco se deben aceptar la declaración de la presidenta de la CNDH, la postura del presidente municipal de Taxco y de otros como él, la inacción de muchos gobernadores y la indiferencia del gobierno de la República. Por supuesto que debemos rechazar que el hartazgo y la preocupación de la población de Ayahualtempa, por justificada que sea, conduzca a armar como policía comunitaria a un grupo de 15 niños y cinco niñas. Es urgente cambiar el rumbo y atender a fondo el problema. La situación puede empeorar. Nos podemos arrepentir de hacer muy poco. El voto del dos de junio debe ser el inicio del cambio.

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