El jueves de la semana pasada, de último minuto y de manera por demás inesperada, en la sesión del Senado de la República que discutía y después aprobaría la reforma al Poder Judicial Federal, un senador del Partido Verde introdujo una reserva con un nuevo artículo Décimo Tercero Transitorio, que tiene por objeto prorrogar por dos años más (hasta noviembre del 2024), el plazo para el que fueron electos el actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los demás integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que -dice el proponente-, sean ellos los que implementen la reforma judicial en curso. La reserva, a todas luces violatoria de los artículos 97 y 100 de la Constitución no fue publicada junto con el resto del dictamen. Se aprobó sin discusión y muchos senadores se dieron cuenta de su existencia hasta después de la votación y acusan de la maniobra a los grupos parlamentarios que respaldan al Presidente López Obrador.
Es muy grave que se pretenda tratar de modificar la Constitución en un transitorio de una ley secundaria y, es también muy grave la intromisión sin precedente por la que el Poder Legislativo interviene e invade atribuciones que son exclusivas del Poder Judicial y atropella derechos de los ministros integrantes de la SCJN que legítimamente aspiran a ser electos Presidente de la Corte en diciembre del próximo año.
Cuando me enteré de lo acontecido en el Senado, pensé que lo que seguiría sería un pronunciamiento del Presidente de la SCJN deslindándose y rechazando el intento de ampliación ilegal de su mandato y exigiendo respeto a la autonomía del Poder Judicial. Cuando redacto este artículo, han pasado cinco días de la aprobación por el Senado y lo único que ha habido es un boletín del Consejo de la Judicatura que dice que se pronunciará hasta que resuelvan los diputados. Qué pena que así sea.
El rechazo a la prórroga del mandato ha sido casi unánime. Es justo reconocer que algunos legisladores afines al Presidente han manifestado su desacuerdo con lo hecho por el Senado. Diputados como Pablo Gómez y Porfirio Muñoz Ledo han dicho que no transitará. Bernardo Bátiz, integrante del Consejo de la Judicatura y uno de los que saldrían “beneficiados” si se llega a aprobar, ha dicho que es inconstitucional. La Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, destacados académicos como Diego Valadez y José Ramón Cossío y un gran número de organizaciones de la sociedad, se han pronunciado en contra de la medida y han pedido frenarla en la Cámara de Diputados. Lamentablemente, sólo el Presidente López Obrador, quien incluso ha dicho que fue él quien dio la idea, se ha pronunciado en favor de lo aprobado en el Senado.
El Presidente Venustiano Carranza al jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución de 1917 dijo: “ahora sólo nos queda la obligación de ir a la práctica de la Ley Suprema que acabáis de sancionar, llevándola en nuestras manos como la enseña que nos hará grandes, justos y respetados entre los demás pueblos de la tierra”. Hoy más que nunca el mandato debe ser ir a la práctica de los preceptos plasmados en nuestra Constitución.
Abogado.
@jglezmorfin
