Faltan 32 días para una jornada electoral que será crucial y que sin lugar a dudas va a definir el México que habrán de heredar las próximas generaciones. En las semanas por venir y en las que seguirán a la jornada electoral, las instituciones responsables de la organización, cuidado y calificación de los procesos electorales, particularmente el Instituto Nacional Electoral (INE), tendrán ante sí, una grave responsabilidad y habrán de jugar un papel muy relevante.
La tarea que tiene que acometer el órgano electoral es un reto de grandes magnitudes. En primer lugar tendrá que ser garante de la organización de comicios imparciales libres y transparentes, como lo ha venido haciendo desde sus orígenes como Instituto Federal Electoral (IFE). La experiencia técnica acumulada por el personal del Servicio Profesional Electoral durante casi 30 años, es un gran activo que seguirá estando al servicio de México.
En segundo lugar y lo que en esta ocasión hace más riesgosa la labor de la autoridad electoral, no es el tamaño de la elección (que como ya mucho se ha dicho, es la más grande de la historia), sino la campaña orquestada desde el poder para desacreditar todo lo que hacen o dejan de hacer y el cúmulo de amenazas que en contra de los integrantes del Consejo General del INE se hacen todos los días por parte del gobierno y su partido.
Afortunadamente para México la semana pasada el INE y, sorpresivamente, también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tomaron decisiones que nos animan a pensar que por lo que se refiere a los órganos responsables de la organización, cuidado y calificación de la elección, los mexicanos podemos estar tranquilos, confiados en que, no obstante el acoso y amenaza permanente al que están siendo sometidos, habrán de actuar con independencia e imparcialidad. Me refiero por supuesto a la cancelación de los registros -por violaciones flagrantes a la ley-, de los candidatos a Gobernador en los estados de Guerrero y Michoacán postulados por Morena, y, más importante aún, la aprobación del acuerdo del INE que impedirá que algún partido, mediante subterfugios legales, triquiñuelas o engaños, quede sobrerrepresentado en la Cámara de Diputados.
No deja de ser preocupante, cómo, después de estas decisiones tomadas por la autoridad electoral con estricto apego a la legalidad y cumpliendo a cabalidad con su obligación constitucional, han arreciado las amenazas en su contra por parte de actores políticos destacados, que buscan minar la capacidad del INE, que habrá de acometer tareas muy importantes que tienen que ver con el buen desarrollo del proceso electoral.
El proceso electoral en el que estamos inmersos y que tendrá el próximo 6 de junio su momento culminante, trae consigo nuevos e importantes retos, por lo que se requiere de árbitros con credibilidad. Exige que sus decisiones se asuman como mandatos; que sus determinaciones sean vinculatorias aún sin la anuencia de los destinatarios por muy poderosos que estos sean. Por eso es indispensable que exista credibilidad en los procesos electorales y, ésta, sólo se puede dar con una autoridad electoral fuerte, confiable y respetada.
Abogado
@jglezmorfin
