Lo sucedido la semana pasada con la toma violenta del Capitolio en la ciudad de Washington, nos debe dejar en claro que nadie, ninguna democracia, está exenta de riesgos, que una regresión autoritaria puede estar a la vuelta de la esquina si desde el poder se propician las condiciones para provocar hechos tan lamentables como los que vimos el miércoles anterior en la sede del Congreso norteamericano.
En México, desde la llegada del actual gobierno, hemos visto como se ha implementado desde el poder una estrategia para debilitar algunas de las nuevas y relevantes instituciones que se crearon en nuestro país en los últimos años. Son instituciones que vinieron a dar fortaleza a la acción del Estado. Me parece normal y hasta obligado que la actual administración revise lo que ha pasado con ellas y, si están dando los resultados que de ellas se esperaban, pero, lo que no parece lógico es que se les ataque, se les debilite y se les quiera desaparecer, sin antes evaluar sus resultados.
A juzgar por los acontecimientos que estamos viendo y por lo complicado que se vislumbra este año electoral, la elección de junio próximo pondrá a prueba no sólo la fortaleza de la institucionalidad electoral, sino también, y quizá en mayor medida, los avances que en materia democrática se han logrado en nuestro país. No hay duda de que la estrategia deliberada de desinstitucionalización que está utilizando el gobierno, representa un enorme riesgo para nuestra joven democracia.
Por si esto fuera poco, el contexto en que habrán de desarrollarse las elecciones se vislumbra altamente competido y polarizado. El del 2021 no será un proceso más y puede poner en riesgo mucho de lo que como sociedad hemos ido logrando para consolidar nuestra democracia.
Finalmente, lo que salvó a los Estados Unidos de América y a su democracia, fue la fortaleza de sus instituciones. En México, el Instituto Nacional de Elecciones (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y otras instituciones son un legado para el futuro del país. Es obligación de todos hacer que funcionen, que sean útiles y que su aportación sea positiva y duradera. Es muy probable que haya algunos vicios que se tengan que corregir: excesiva burocracia, sueldos exorbitantes, lentitud en los procedimientos, etc., sería deseable que se corrigieran. También es obligación de la autoridad hacer que funcionen bien y que rindan cuentas.
@jglezmorfin
Abogado
