James Galbraith (2008) caracteriza al Estado Depredador como una situación en que las élites corporativas, financieras y tecnológicas, capturan a las instituciones públicas para generar ganancias privadas a costa de la sociedad. Ante el declive de la hegemonía estadounidense, las megacorporaciones, que sostienen a Donald Trump, tratan de mantener el control sobre las ganancias en Occidente. En ese sentido, se instrumentan medidas para detener la pérdida de espacios monetarios del dólar estadounidense.
El secuestro del presidente Nicolás Maduro busca poner límites a la esfera de influencia de China y Rusia en América Latina. Asimismo, se trata de crear nuevos espacios de rentabilidad a través de la apropiación del petróleo venezolano y otras materias primas. En ese mismo sentido se encuentran las amenazas sobre México, Colombia y Groenlandia.
Los primeros ganadores del ataque a Venezuela fueron los precios de las acciones de las empresas petroleras (Exxon Mobil Corporation, Chevron y ConocoPhillips) que registran un repunte en el mercado de valores de Estados Unidos y las empresas contratistas de Defensa, para las cuales Trump ya está pidiendo una extensión del presupuesto de 901 mil millones de dólares en este año a 1.5 billones de dólares en 2027.
Durante su segundo mandato, Donald Trump ha buscado dejar atrás la liberalización comercial, pero conserva la liberalización financiera. Bajo la financiarización, se hace de lado el crecimiento económico, y la política económica se centra en sostener el valor de los activos financieros titulizados y las carteras de la banca global y de los inversionistas institucionales. El estancamiento económico y la desindustrialización son resultado de cuatro décadas de dominio de los rentistas.
El ataque del gobierno estadounidense se centra en los países con gobiernos progresistas, que con ciertos matices al proyecto neoliberal, tratan de mejorar las condiciones de vida para los sectores más pobres de la sociedad, pero que encuentran límites cuando se enfrentan a los intereses de un bloque de poder (interno y externo) beneficiario de las políticas neoliberales, que exige altos niveles de rentabilidad en la acumulación y “recortes del gasto público” en aspectos no asociados a sus intereses.
La manera en que se integran los países en América Latina a los circuitos financieros y productivos internacionales determina un crónico déficit en cuenta corriente, que generalmente es compensado con la expansión del déficit fiscal. En estos países con moneda débil y dependientes de las decisiones de la FED, no queda otro remedio más que aplicar la austeridad para mantener los rendimientos en los mercados financieros locales.
Los gobiernos progresistas tendrán que estar alertas ante esta nueva fase neo-imperialista, llena de violencia racista y que rompe abiertamente con el derecho internacional. En particular, los principales peligros que enfrenta México este año son: la renegociación en julio del TMEC; que se profundice el estancamiento económico y la baja generación de empleos formales; y la desestabilización que provoca la lucha entre cárteles del narcotráfico en distintas regiones del país y su impacto sobre la inversión productiva. Resulta impostergable construir espacios de soberanía (principalmente monetaria, alimentaria y energética) para reducir la vulnerabilidad de México ante la profunda crisis política, social y económica estadounidense, y los vaivenes de su liderazgo fallido.
Profesor de la ENES, UNAM, Unidad León (Gto) y miembro del CACEPS caceps@gmail.com

