Informe con gasoductos. A juzgar por sus spots promocionales de esta semana, el presidente López Obrador no presentará el domingo un informe “en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país”, como se lo ordena la Constitución. Más bien redoblará su guerra contra las administraciones pasadas como recurso para ocultar los tropiezos presentes. Quizás irá contra los órganos del Estado sobrevivientes que le signifiquen algún contrapeso. Y, claro, al lado de su condena, como sabotaje legal, del ejercicio del derecho de amparo, seguro presumirá como logro de su poder de convicción, la escena de personajes empresariales en su mañanera de ayer para anunciar triunfalmente acuerdos sobre un conflicto que parecía innecesario: el que retrasó en este gobierno la puesta en marcha de gasoductos construidos en su mayor parte en el anterior para asegurar la provisión de energía en varias regiones del país.
Una gestión presidencial como de gobernante en campaña ha impedido en estos nueve meses el tránsito de la beligerancia partidista al nacimiento de una administración pública eficaz, apegada a derecho. Y lo ha alejado de un “ejercicio comedido del poder”, concepto adoptado por el rector de la Universidad de Salamanca, el jurista Ricardo Rivero Ortega, con la directora del seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM, María Guadalupe Fernández Ruiz, en su actualizado, conciso y accesible manual de Derecho administrativo (Tirant Loblanch, 2019).
Por ello, en medios y redes abundan parodias y análisis contrastantes de la euforia promocional del informe con el estancamiento económico y la caída del empleo atribuibles en parte a decisiones inexplicables del presidente. En contraposición al tono presuntuoso de los spots, también menudean en la esfera pública los reproches por el recrudecimiento de la violencia debido, también en parte, a la falta de claridad o de decisión para actuar frente a viejas y nuevas expresiones del delito en ciudades, caminos, pueblos y rancherías. A pesar de ello, todo indica que el acto dominical de Palacio, previo a la entrega del informe al Congreso, se desarrollará en las antípodas de un ejercicio de poder comedido: servicial, moderado, discreto, para constituirse en su contrario: un ejercicio desmedido, desbocado de poder, ávido de veneración, alternando ofensas, amenazas y treguas, y adjudicando, a otros, los atorones de la propia gestión.
Riesgos de sobresaturación. Hay un anticipo de los mensajes del domingo en los spots al aire, plagados de verdades a medias, formulaciones engañosas y recursos distractores de una auténtica rendición de cuentas. Y acaso lo más grave: elusivos de la obligación de explicitar los riesgos de los nubarrones cercanos, así como del deber de discernir sus orígenes para afrontar responsabilidades y disponer correctivos como el que, en buena hora, asoma tras el acuerdo de los gasoductos.
Por otro lado, hay que reconocer en los spots una factura mercadológica eficaz, más en radio que en tele, con un empaque que quizás alcance, entre sus adictos, a recubrir los problemas acumulados en “el estado general que guarda la administración pública del país”. Pero no hay que olvidar, uno, que el abuso de la imagen personal del presidente ya alcanza puntos de sobresaturación en públicos crecientes. Y, dos, que a mayor eficacia de la publicidad política, más alta la generación de expectativas y más rápido el regreso del búmeran de parte de los millones que ven violadas esas expectativas.
Mucha discordia y poca administración: así podrían titularse, a la hora de manifiestar el estado que guarda la nación, las malas cuentas de la economía y de la seguridad pública, más los saldos de la polarización inducida desde Palacio Nacional.
Profesor Derecho de la Información, UNAM
