Límites de la remoción. Sin duda es importante, pero la remoción de su enclave de poder de un símbolo del político bajo sospecha pública de estar implicado en una organización criminal, como el senador Adán Augusto López, no removerá de golpe las percepciones —internas y externas— de un poder político penetrado por los poderes criminales. Ni el retiro de un personaje tan identificado con López Obrador le allegará a la presidenta todos los hilos de poder que retiene el expresidente. Ni la eventual concentración en ella de todos los poderes acumulados por AMLO le dará el poder necesario para enfrentar el poder del crimen, porque esos poderes al margen de la ley vendrán asociados a muy diversas formas de ilegalidad. Más de siete años han mostrado que el combate al poder criminal no tiene futuro desde un poder reconcentrado, pero contaminado por sus lazos criminales.
Barrera infranqueable. Cierto. Aun manipulados, como parecen evidenciarlo críticos y opositores, son importantes los rendimientos de la política contra la violencia criminal que sustituyó la ‘estrategia’ de abrazos a los criminales de López Obrador. Pero todo indica, también, que hay una barrera infranqueable de protección al crimen que no puede traspasar el (todavía) nuevo secretario de Seguridad. Poque esa barrera está construida con las espesas ramificaciones de los cárteles que invaden las estructuras del poder político y de la economía regional. De hecho, abundan los registros de la participación y el activismo de exponentes de los cárteles en los procesos electorales del vasto litoral del Pacífico mexicano, entre otras regiones del país.
Nostalgia por El Mayo. Ya lo hemos repetido. La actual y el anterior presidente erigieron implícitamente al más grande y más duradero líder sinaloense del narcotráfico, Mayo Zambada, en garante de la estabilidad de Sinaloa. Lo hicieron a contrario sensu al atribuir públicamente el desquiciamiento de ese estado a la extracción del país del capo por una operación encubierta dirigida desde Estados Unidos. Y no es que sea falsa la afirmación de que las circunstancias de la captura y del traslado del Mayo hayan desencadenado la sangrienta guerra intestina del Cártel de Sinaloa que incendia al estado. El problema está en asumir como inalterable, incuestionable, el hecho que la relativa estabilidad previa del estado (esa supuesta Arcadia que vino a alterar el secuestro del Mayo) descansaba, con la participación del gobierno estatal y la probable anuencia del federal, en los equilibrios del poder narco, más que en las estructuras del poder político. Éste no ha podio restablecer la paz ni la seguridad en los 16 meses que corren del actual gobierno ni en casi veinte, contados desde la salida del Mayo de la entidad. Y ya para qué hablar del imperio de la ley, esa aspiración ausente en el estado como vehículo para alcanzar la paz y la tranquilidad.
La dimensión económica. Ahora nos alerta el periodista sinaloense Aarón Sánchez, en La Aurora, que aparte de la función que jugó el principal capo sinaloense como factor o garante de estabilidad en el Estado, reconocida por la autoridad, los cárteles son, además, en gran medida, pilares de la actividad económica, con el 30% del consumo estatal proveniente del gasto y las inversiones de las familias ligadas al crimen y con no menos del 10 por ciento de la generación del PIB de la entidad. Esta situación podría erigirse en otra barrera infranqueable para el combate frontal a los cárteles: en caso de vencerlos y sacarlos del consumo y la producción, el estado correría el riesgo de un colapso económico.
De todo ello, los límites de la remoción del senador López del liderazgo oficialista en la llamada Cámara Alta, sin la restitución del estado de derecho, que el mismo régimen abolió.
Académico de la UNAM. @JoseCarreno