Grabaciones petroleras. Las demandas contra Pemex en Estados Unidos, reforzadas por grabaciones ilegales pero altamente incriminatorias para efectos públicos, probablemente le darán indicios a la Fiscalía mexicana para ampliar y embarnecer los expedientes penales contra funcionarios del gobierno anterior. En paralelo, colman de indignación a las audiencias y de reclamos de castigo para los involucrados o simplemente mencionados. Y a la postre, el presidente López Obrador podría revigorizar con ello el centro de su campaña contra el pasado, con miras a adueñarse del futuro, con altos riesgos para el presente.
El adjetivo de “endémica” que le asigna el WSJ a la corrupción en la petrolera mexicana, no es un giro periodístico vano, sino la llave que abre la puerta a la intervención del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de la poderosa SEC: Securities and Exchange Commission (o Comisión de Bolsa y Valores), a través de una investigación de amplio alcance en la empresa del Estado mexicano. El argumento es el de proteger a los tenedores estadounidenses de bonos de Pemex, en riesgo en una entidad vulnerada por la posibilidad de un golpe financiero por casos de corrupción que podría estrechar más sus finanzas en un momento en que las firmas calificadores consideran degradar su deuda.
La demanda de ’Oro Negro’ le requiere al gobierno mexicano 700 millones de dólares por daños, cuando Pemex sigue luchando con la caída de la producción y con la mayor deuda de una empresa petrolera a escala global: cien mil millones de dólares. Así, paradójicamente, el gobierno del presidente López Obrador estaría obligado a combatir legalmente en EU la procedencia procesal de las grabaciones publicadas por el WS Journal y Univision, cuyo despliegue en medios mexicanos ha escandalizado e indignado con razón a buena parte de nuestra esfera pública.
Migración, Trabajo, Pemex. En efecto, en nuestra esfera pública se ha creado la expectativa de que las grabaciones llevadas a un tribunal estadounidense le acercarán la lumbre finalmente a funcionarios de mayor nivel del pasado. Hasta antes de esto, las muestras eran de frustración porque aquí no habían caído presidentes ni ministros por la trama de Odebrecht, junto a una especie de envidia cuando caían en ese abismo funcionarios y gobernantes de otros países. También se ha precipitado el juicio de que en los países en que la justicia ha alcanzado a grandes exponentes del poder político, se cuenta con mejores sistemas de rendición de cuentas. Puede ser, pero hay más que indicios de que la injerencia de órganos de vigilancia del exterior, como los que ahora se ciernen sobre Pemex, influyeron —en el entorno de corrupción de Petrobras— en la caída de presidentes como Lula y Dilma en Brasil.
Al presidente López Obrador le ha correspondido transigir con los fenómenos supranacionales en migración, comercio y relaciones laborales. Al Partido Demócrata de EU le cedió la vigilancia de la reforma laboral (concedida ésta a su vez en aras de la ratificación del tratado comercial). Ha debido enganchar su política migratoria a las metas persecutorias de migrantes de Trump, para eludir su arbitraria amenaza de aranceles a productos mexicanos. Y hoy deberá lidiar con las tribulaciones de un Pemex enclavado en la corrupción petrolera global. Parecería que en estos 10 meses y medio hemos vivido la (cuarta) Transformación Intervenida, parafraseando el título de la investigación de Berta Ulloa sobre la injerencia de EU en la fase armada de la Revolución.
Lejos de la SEC. México debe porfiar contra la corrupción en Pemex, a distancia de la SEC, y litigar allá contra las demandas, incluidas sus grabaciones, para evitar otro fardo multimillonario sobre las finanzas de Pemex y la calificación crediticia del país.
Profesor Derecho de la Información, UNAM.
