Un aviso. En México entramos de lleno a un modelo político productivo más generador de riesgos que de satisfactores sociales. La caída, el lunes, de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger fue sólo un aviso —desdeñado— de la vulnerabilidad de nuestra convivencia y nuestra seguridad. Paralizó la comunicación cotidiana de personas y familias, negocios y escuelas, médicos, hospitales y pacientes, transportes terrestres, aéreos y navales. Afectó a más de dos terceras partes de la población nacional. Pero también interrumpió comunicaciones del sistema de seguridad pública y de salud. La pifia de un programador desató esta incomunicación de alcance planetario. Pero igual o peor puede ocurrir con un ataque cibernético terrorista o de una potencia contra otra u otras, para provocar caos, intervenir en procesos electorales y trastornar sociedades y poderes.

Ciberseguridad relegada. Con ayuda del cine, las series y los videojuegos de catástrofes y de villanos y héroes cibernéticos, entramos al debate conceptual de la ‘sociedad de riesgo’ y las respuestas y omisiones de los gobiernos en la previsión y control de contingencias. En este punto, la mentalidad de nuestro gobierno permanece ajena a los caminos operados en este campo en el país y en el mundo. Así, en los temas de seguridad compartidos con Estados Unidos, a revisarse este viernes en un encuentro de alto nivel, ni el presidente ni el canciller mexicanos le han dado relevancia al tema de la agenda estadounidense de la seguridad cibernética. En cambio, invierten tiempo, energía y un sorprendente capital de paciencia de sus interlocutores, en matar a una muerta cuanto irrelevante Iniciativa Mérida y en traer a cuento agravios de otras épocas.

Derrame y golpe a energías limpias. En paralelo al desdén por la seguridad cibernética, está otro tema clave dentro del concepto de la ‘sociedad de riesgo’. Más que desdeñado, hostilizado por el actual gobierno, el tema ambiental se ve lesionado por políticas públicas de generación contaminante de electricidad y obras insignia antiecológicas. Ello abona más a agudizar los riesgos de la sociedad que a prevenirlos. Replanteado el domingo en la agenda global por el masivo derrame de petróleo en el lecho del Pacífico californiano, el tema inunda dramáticamente también la agenda mexicana e internacional con iniciativa del presidente en materia de energía. Entre otras aberraciones, castiga la producción de energías limpias y acelera la devastación institucional de los órganos reguladores autónomos y la reconcentración de decisiones en el Ejecutivo. Así lo propone la iniciativa de un presidente ahora con mayor encono contra los agentes de la economía de mercado y con más clara proclividad a la conducción personal de la economía del país en nombre de un estado transformador, pero institucionalmente demolido, incapaz de contener el desbordamiento autocrático y, con ello, de prevenir y controlar las contingencias de la sociedad de riesgo.

De catástrofes. La iniciativa multiplica los riesgos de la sociedad mexicana. Anuncia una catástrofe económica por la eliminación de la competencia y sus efectos en la inversión y el empleo; una catástrofe ambiental, por inhibir la generación de energías limpias; de confianza internacional por transgredir del T-MEC y el Acuerdo Transpacífico (Tipat). En fin, una catástrofe de degradación política si el PRI cede a la extorsión y traiciona (y pierde) a sus últimos votantes, que le creyeron que procuraría reconstituir frenos y contrapesos al poder omnímodo. Y si ya en el abismo de la abyección anuncia ahora su respaldo el proyecto presidencial de devastar también el sistema electoral ciudadano y autónomo, estará avalando la catástrofe de la democracia y la catastrófica perpetuación del dominio político presente.

Profesor de Derecho de la Información, UNAM

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