La difícil cohesión. Invitado a la reunión de hoy de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el presidente López Obrador no podrá decir: “Hoy, la República está reunida”, como describió el presidente López Portillo, hace 43 años, la primera de las seis llamadas “reuniones de la república” de su mandato. Fueron celebradas el 5 de febrero de cada año del sexenio. Sí. “Celebradas”, tanto en el sentido de festejar la cohesión del sistema político de la época, como en el de oficiar un rito de unidad que sin embargo dejaba asomar la diversidad de las realidades descritas y las demandas planteadas por cada gobernador. Allí también se podían apreciar los rasgos de identidad de cada rincón del país, presentes incluso en los diferentes acentos del habla regional.

La República está escindida, podría celebrar en cambio este miércoles el presidente López Obrador desde su método de dominio basado en la polarización política, social y territorial. Gobernadores divididos en tres bloques, gabinete en 2, partido oficial y coalición gobernante en muchos más, población partida a mitades entre los que aprueban y los que reprueban al presidente. Haciendo historia: con el arribo de gobernadores de partidos diversos al del presidente a partir de 1989, con el fin de las mayorías absolutas en el Congreso a partir de 1997 y con la llegada de la alternancia en la Presidencia en 2000, la relación entre los poderes federales fue encontrando nuevos equilibrios y contrapesos funcionales, reforzados, hasta 2018, por los órganos constitucionales autónomos.

Pero la relación del poder federal con los poderes de los estados, justo las partes constituyentes de la Federación, quedó contrahecha. Sin la hegemonía del poder presidencial sobre gobernadores de variados orígenes partidistas, pero también sin reglas claras para el ejercicio de las competencias estatales, esa relación quedó también sin cauces confiables para el acce so a los bienes teóricamente comunes de la Federación en el orden fiscal.

Tormenta sobre el Pacto. Lejos de atender este pendiente tras la transición del 2000, el mandatario del 2020 aparece dispuesto a revertir lo avanzado en los demás temas. Y allí está el uso de los variados recursos del Ejecutivo para liquidar opositores y así disciplinar la mayoría de los gobiernos estatales, consolidar el control del Legislativo en la elección del año próximo y clausurar la alternancia en la presidencia en 2024. Y está también la vulneración con los mismos fines de la autonomía de la Fiscalía —y del sigilo constitucional de la investigación, del debido proceso y de la presunción de inocencia de los delatados por Lozoya.

Y hoy, lejos de favorecer la cohesión entre los poderes de la Unión, partiendo de los Estados, con respeto a sus competencias, el presidente parecería empeñado en propiciar una suerte de balcanización de los estados del sur contra los del norte. Con una gota a punto de derramar el vaso: la gestión de la crisis sanitaria a cargo de un subalterno de la Secretaría de Salud que reparte instrucciones, amenazas, reproches o reconocimientos a gobiernos de estados finalmente soberanos. Y con una tormenta sobre el pacto federal: la centralización con propósitos electorales del gasto federal en los estados y la penuria de éstos por la retención patológica de recursos por el centro, en nombre de la austeridad.

Mensaje de guerra. No estará unida la república hoy en San Luis, además, tras el torpedo lanzado contra el gobernador de Querétaro y líder del bloque de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN). Videos (sin valor probatorio) contra adversarios que el presidente solicita se publiquen, que luego reprocha su poca difusión y que al fin él mismo proyecta, dejan claro al remitente y a los destinatarios del mensaje de guerra y aniquilación.

Profesor en Derecho de la Información, UNAM

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