La remoción y el régimen de responsabilidades

José Carreño Carlón

La salida de Sandoval ilustra el deplorable estado general del régimen de responsabilidades y rendición de cuentas en nuestro país

Adiós, querida Regina Santiago. Nos dejas tu pedagogía informativa
y tus indómitas canciones istmeñas


 

 

Choque de ‘famiglias’. Fue señalada reiteradamente por su falta de capacidad e idoneidad para el cargo; por el ocultamiento de bienes en su declaración patrimonial; por sus sanciones persecutorias de desafectos del régimen y sus exoneraciones cómplices de funcionarios presuntamente infractores, pero en la gracia presidencial. Entre otras cosas, fue además cuestionada por su propensión a constituir un enclave ideológico sectario y político-familiar de poder en detrimento del poder reconcentrado por el presidente. Y, finalmente, la secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval fue removida mediante tuit presidencial.

Pero el despido no fue por su incompetencia, sus faltas o sus sesgos, sino por su fraternal indisciplina, para favorecer a un hermano –desde el seno de la familia Sandoval-Ackerman– en inocultable enfrentamiento con la voz suprema de palacio que le adjudicó el territorio de Guerrero a la familia de Salgado Macedonio. ¿Estamos ante impredecibles choques entre las ‘famiglias’ del régimen? Y aparte de la buena noticia del correctivo que entraña la sustitución de la removida por un funcionario en sus antípodas, Roberto Salcedo –impecable hoja de servicio de dos décadas en la Auditoría Superior de la Federación, reconocido profesional de idoneidad, honorabilidad y objetividad probadas a través de administraciones de diferentes grupos y partidos– el episodio ilustra el deplorable estado general del régimen de responsabilidades y rendición de cuentas en nuestro país.

En la escala de las responsabilidades oficiales, que va de la responsabilidad política a la administrativa, a la penal e incluso a la civil y a la laboral, no parece quedar duda de que la ahora exsecretaria incurrió en diversas responsabilidades en materia política, a las que correspondería la sanción, también política, de la separación del cargo. Pero en México, en sentido estricto, la responsabilidad política es la que se hace valer en el Congreso a través del juicio político contra los “secretarios de despacho”, entre otros servidores públicos enlistados en el artículo 110 de la Constitución. Allí está previsto que se instruya los cargos contra el infractor, en contraste con el escueto tuit del presidente con la sanción, más propia de la ‘omertá’, el código siciliano de silencio ante las faltas a la ley del capo, silencio que aquí y ahora es fuente oportuna de especulaciones distractoras de otras responsabilidades del régimen.

A más responsabilidades, más distractores. En efecto, parece evidente la urgencia de más distractores de las responsabilidades del régimen. Reducidas aquí sólo a las más visibles esta semana, estarían la responsabilidad de su indulgencia ante el crimen organizado, que no cesa en su perpetración de nuevas matanzas, además de las revelaciones del libérrimo activismo criminal en las elecciones pasadas. O la responsabilidad por la probable negligencia, al menos, de miembros del gabinete en el desplome trágico del convoy de la muerte del metro. O la responsabilidad por los saldos –que no se agotan– de la altamente letal gestión de la pandemia del covid, que ayer le ganó una batalla desigual de diez semanas a la maestra comunicóloga Regina Santiago. Habrá que ver si se hacen valer –y cómo y cuándo– las responsabilidades políticas, administrativas, penales y civiles que podrían derivarse de estos hechos.

Adulteración. Pero lejos de enfrentar las responsabilidades propias en cada uno de estos desastres de hoy, el presidente optó ayer por reavivar la cortina de humo de la consulta sobre lo ocurrido en los 30 años anteriores a su gobierno, adulterando el galimatías de la pregunta reformulada por la Corte con la manipulación propagandística de que el pueblo decida si desea que se haga lo que la ley ordena.

 

Profesor de Derecho de la Información. UNAM

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