Poder bifronte. Con la muerte, esta medianoche, del año viejo, se sella asimismo la tumba de una mínima visión de Estado en la cabeza bifronte del poder. De hecho, en su discurso de celebración del séptimo año del régimen, la presidenta no se asumió en ningún momento como jefa de un Estado, sino como pieza de un “movimiento”. Ello ha conducido al régimen a comportamientos de camarilla. O de camarillas. O de jerarquías al mando de una secta, de un movimiento o de un partido, en todo caso adueñadas de las funciones estatales para la gestión de impunidades a favor de los suyos y la imposición de arbitrariedades contra los ajenos al grupo dominante.
El descarrilamiento. Y así, el tono de hartazgo y crispación de la presidenta, al rechazar toda investigación que involucre a hijos de López Obrador, se puede traducir en una orden superior a dos órganos supuestamente autónomos el Estado, pero en realidad, instrumentos de una camarilla. Las principales destinatarias: la Fiscalía General (de la Presidencia) de la República y la fiscalía del gobernador ‘obradorista’ de Oaxaca. El encargo: ignorar o borrar todo elemento incriminatorio contra familiares del expresidente en el descarrilamiento del Tren Interoceánico.
Descarte de evidencias. La orden —disfrazada de indignación ante la cascada de sospechas o presunciones de delitos— descartó así la evidencia pública del cargo desempeñado por uno de los hijos de AMLO, de supervisor de la construcción de esa vía ferroviaria, obra que ahora evidencia el uso, acaso punible, de materiales deleznables. Esa orden ignoró también la cínica jactancia grabada —y difundida por Latinus— de amigos y familiares de los primeros vástagos de la nación, presuntamente sus socios, sobre su enriquecimiento como proveedores del proyecto ferroviario de López Obrador en la región maya y el Istmo de Tehuantepec.
Bromas macabras. La exhibición de jóvenes cuarentones tomando a chunga su enriquecimiento con los recursos del Estado incluyó una broma vulgar —ahora macabra— sobre la eventualidad de un descarrilamiento, que el domingo se materializó, enlutó a 13 familias e indignó a la nación. Uno de estos jóvenes sugirió además otra línea de investigación, que nadie seguirá, con la insinuación de que ellos no son los únicos integrantes de una publicitada red de corrupción en las llamadas obras emblemáticas de AMLO.
Otra tragedia evitable. En esta ausencia de visión de Estado y de acatamiento a su normativa, el mando supremo ordenó en 2019 proseguir la construcción del tramo en que ocurrió la tragedia, en desacato las advertencias de mala planeación —con notorias deficiencias técnicas— hechas por la Auditoría Superior de la Federación, que ayer recogió la primera plana de EL UNIVERSAL. Otra tragedia evitable, otra alerta desoída por el autor original de la demolición del Estado democrático de derecho.
El Mayo y Marx. Habituada a repetir la ‘narrativa’ de AMLO, sin reparar en sus implicaciones, la presidenta insistió, en este agónico del 2025, en valorar la función del Mayo Zambada como garante de la tranquilidad de Sinaloa, por encima de la ley y el Estado. Así se desprende de su reproche a Washington porque supuestamente hasta antes de llevarse al capo, esa entidad “tenía una situación de mucha tranquilidad”. Y en la misma sintonía, aunque en derecho el funcionario estatal sólo puede hacer aquello a lo que está facultado por ley, apenas el lunes la presidenta restó importancia al comportamiento de un funcionario de cuarto nivel en la SEP, Marx Arriaga, quien se autofacultó para crear “comités de defensa” de su ‘nueva escuela mexicana’ y de sus consensualmente cuestionados libros de texto, contra el titular de la dependencia, al que acusa de ir contra el ‘obradorismo’ por mandar corregir esa desastrosa obra editorial.