Cruce de tensiones. Con el anuncio, ayer, de la verificación de firmas de solicitantes del proceso de revocación de mandato presidencial, por más del tres por ciento de la lista nominal de electores exigido por la Constitución, el país se acerca a lo más parecido a una hora cero definitoria del futuro inmediato de su joven democracia, con muy probables repercusiones en la estabilidad de sus condiciones políticas y sus variables económicas. A partir de este momento procesal se recrudecen las tensiones originadas en la dupla de poderes Ejecutivo y Legislativo, con su mayoría oficialista, empecinados en negarle al órgano autónomo electoral los recursos —obligados por la Constitución— para realizar, en efecto, una compulsa de revocación de mandato, en nuestro caso, promovida por el propio presidente, en un cruce de tensiones que incluye además al Poder Judicial, a través del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte.
Doble propósito. Ya quedó claro dentro y fuera del país el doble propósito de la operación presidencial en curso. Tras el desconcierto inicial ante un presidente que, pasando sobre la letra constitucional y la lógica ciudadana de esta figura, se constituyó en el primer promotor de un proceso para revocarle mandato, y tras el contrasentido de frenar los recursos para llevarlo a cabo, hoy resulta inocultable la maniobra. Por un lado, para convertir el proceso revocatorio en un espectáculo de glorificación personal y de refrendo de su método de concentración, expansión y perpetuación del poder político apoderado del país. Por otro, para desgastar, hasta su extinción, al órgano electoral que ha hecho y hace valer su autonomía: una afrenta para un proyecto autocrático.
Escalada antidemocrática y cauces institucionales. Hoy, la tensión se centra en la esperada respuesta formal de Hacienda al requerimiento del Tribunal Electoral de asignarle al Instituto Nacional Electoral los recursos requeridos por ese ejercicio. Si no es así, corresponderá resolver a la Suprema Corte, comprometida —en resolución anterior— a intervenir una vez transitada la fase de verificación de las firmas necesarias para formalizar el proceso. Con todo, hasta allí permanecen abiertos los cauces institucionales para eludir una crisis mayor. El problema está en que el régimen escaló el fin de semana su estrategia de guerra con una narrativa que pretende construir al INE como enemigo de pobres y vulnerables y de los programas para apoyarlos.
Sibilino. En efecto el secretario de Gobernación sugirió que satisfacer el requerimiento del INE implicaría hacer algo que jamás propuso el INE, pero que le permite al régimen rechazarlo como si fuera propuesta del instituto: sacrificar los ‘programas sociales’. Un “ni modo” de recortarlos es el giro clave para la construcción mediática del órgano electoral autónomo como voraz perseguidor de los recursos destinados al pueblo por el presidente. Sibilino, el fraseo del secretario primero tomó distancia de la posibilidad de resolver la crisis creada por el régimen: “No hay margen en el Presupuesto”, dijo como si esos márgenes no los mantuviera cerrados el presidente.
País en vilo. El secretario lanzó enseguida un falso dilema entre democracia y programas sociales, dejando en claro que el gobierno ya optó. “Desde luego ya presupuestalmente se tomaron previsiones para cumplir sobre todo con programas sociales”. Y remató con el antagonismo autoritario entre justicia social y libertades democráticas: “ni modo que vayamos a reducir entrega de apoyos a adultos mayores”. Como si el INE hubiera propuesto disponer del fondo para adultos mayores para financiar un ejercicio, por lo demás, promovido por el presidente con la orden al Congreso de no sustentarlo en el presupuesto. Una operación de alto riesgo cuya suerte sigue en vilo, con la del país.