Banxico, INE, INAI, IFT, universidades… La señal del emperador romano para decidir la vida o la muerte de los gladiadores ha sido prefigurada en los primeros mensajes del año del presidente López Obrador. Esa señal está marcando el destino de los restantes órganos autónomos del estado diseñados como contrapesos del poder del Ejecutivo y consensuados en el curso —ahora frenado— de la construcción de una moderna sociedad democrática de mercado. El movimiento hacia abajo del pulgar presidencial apunta asimismo contra la pervivencia de las organizaciones de auto gobierno de las principales universidades públicas, ahora también en la mira de un activismo oficial propulsor de movilizaciones alentadas por el propio presidente.

La temporada 2021 incluye eventos a estallar antes y después de los comicios definitorios de junio, ya sea en el último periodo de sesiones de la actual Legislatura, a iniciarse este inminente febrero, o en el primer periodo de la próxima, a instalarse en septiembre. Y así, dentro de cinco semanas sabremos si la mayoría oficialista en la actual Legislatura en la Cámara de Diputados termina coreando el movimiento de la mano derecha del emperador contra la autonomía del Banco de México (Banxico), imponiéndole decisiones, a través de reformas a su ley, que propiciarían —lo advierten incluso algunas voces oficiales— el lavado de dinero, además de que —se teme— abrirían la puerta a la disposición discrecional de las reservas por parte del Ejecutivo.

Pero más allá de los propósitos —expuestos o sospechados— y de los efectos —temidos— de esa ruta de intromisión, llegar al límite del trámite legislativo para consumar el golpe en febrero, es un mensaje de un poder autocrático que no reconoce límites, incluso al costo de lesionar la confianza en nuestra banca central como garante de la estabilidad económica. No hay intocables, advirtió el presidente contra el alud de críticas a esta iniciativa. Fue un aviso prenavideño, explicitado en la primera ‘mañanera’ de año nuevo con sus proyectos de controlar o destruir otros órganos autónomos clave: el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Federal de las Telecomunicaciones (IFT), además de su incitación a movilizaciones contra las autoridades de las universidades públicas para imponerles otras, dóciles a las consignas del oficialismo.

Oposición: ganar o morir.

Impedido por la Constitución para modificar el sistema electoral estos meses previos a la elección de junio, para el presidente es imperativo conservar la mayoría en la elección de los diputados, tanto como para la oposición ganar la mayoría es la alternativa a morir. Y es que esa Cámara elegirá al próximo presidente del INE y de ello dependerá o no que la autoridad electoral vuelva a ser un apéndice del Ejecutivo, con el correspondiente control de las elecciones presidenciales en 2024.

¿Feliz año?

La intolerancia a la transparencia y a la rendición de cuentas, con una confusión deliberada del derecho de la gente a saber y la burla propagandística de las mañaneras —con su récord mundial de afirmaciones falsas o engañosas— aparecen tras la fobia al INAI, cuyas funciones pretende el presidente remitir a una dependencia directa de él mismo: la secretaría de la Función Pública. Y su idea de reintegrar el autónomo Instituto Federal de Telecomunicaciones a la Secretaría de Comunicaciones se traduciría en el regreso al poder discrecional del presidente para premiar a adictos o castigar desafectos con las decisiones concernientes a las empresas de radio, tv y telecomunicaciones. ¿Y qué tal si la incitación presidencial al activismo universitario va también contra la integridad electoral? ¿Feliz año?

Profesor de Derecho de la Información. UNAM

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